DISCURSO

Este es mi discurso de ayer en el Congreso sobre la creación del Banco del Sur. Raro país, éste, en el que los "progresistas" que quieren superar el economicismo de los Noventa crean bancos y los "neoliberales" proponemos avanzar en la institucionalización político-parlamentaria...

Sr. Iglesias.- Señora presidenta: coincido con quienes me han precedido en el uso de la palabra respecto a la trascendencia que tiene la creación del Banco del Sur, y reitero mi aprobación personal y la del bloque del que formo parte, con los fundamentos que ha dado mi colega Alfonso Prat-Gay. Esta iniciativa está en perfecta consonancia con la declaración de principios de la Coalición Cívica, cuyo capítulo internacional tuve el gusto de redactar, y en el cual se establece como prioridad la integración regional sudamericana.

Habitualmente, a los diputados de la oposición se nos pide que planteemos alternativas superadoras, así que voy a hacer una observación crítica; no a la creación del banco con la que coincido, sino en relación con el mecanismo de su constitución. Y bien, el mecanismo aplicado para la creación del Banco del Sur repite la vieja mecánica de las conferencias intergubernativas, o sea, de los acuerdos entre gobiernos que son después refrendados por los Parlamentos. Este procedimiento presenta una serie de defectos y limitaciones, que paso a señalar.

En primer lugar, su fragilidad. O sea, el hecho de que dependamos de la unanimidad de acuerdos intergubernamentales que hoy existen y mañana podrían no existir. Por el contrario, si hubiésemos desarrollado instituciones parlamentarias a escala regional como las previstas en los actos constitutivos tanto de la UNASUR como del Mercosur, estos mecanismos tendrían una dinámica propia y estarían sujetos a la regla de la mayoría, y no a la unanimidad. En segundo lugar, el procedimiento intergubernamental nos reduce -a los parlamentarios- a optar en el marco de una simple opción: decir que sí o no, aprobar o rechazar sin poder aportar mejoras. A mí me gustaría poder aportarlas. Por ejemplo, propondría que la fuente de financiación no provenga solamente de las contribuciones de los estados-miembro sino también de los privados, por ejemplo: mediante una tasa Tobin a las transacciones financieras, para limitar los mecanismos cíclicos, las entradas masivas y las fugas de capitales que tanto daño le han hecho a la región. Me gustaría también que otra fuente de financiación fuese una carbon tax, una tasa al uso del carbón y el petróleo, que aumente los excedentes energéticos de la región y recaude fondos que sirvan para el financiamiento de una estructura energética sustentable, basada en energías renovables. Me agradaría además que no sólo aportaran los fondos los Estados, y por lo tanto los pueblos, sino también que hubiera una tasa al gasto militar. Mientras seguimos hablando de integración, varios gobiernos de la región –de derecha y de izquierda- continúan armando sus ejércitos y de una manera que responde a hipótesis de conflictos regionales. Estoy hablando de Chile, Venezuela, Brasil y Colombia. Si esos gobiernos tienen dinero para gastar en ejércitos que pueden atacar a sus vecinos, ¿por qué no pueden aportar un porcentaje de esos fondos al financiamiento de un banco dedicado al desarrollo regional?

Son mejoras que me hubiera gustado proponer, pero no puedo hacerlo. En primer lugar, porque estoy sometido al mecanismo intergubernativo de deliberación del proyecto y a su refrendación por los parlamentos nacionales. En segundo lugar, porque las dos instituciones parlamentarias previstas en la integración sudamericana no funcionan. El Parlamento del Mercosur no se ha reunido una sola vez este año, ni se ha respetado el acuerdo establecido por los gobiernos que establecía que ya para fines del 2010 la elección directa de representantes para el Parlamento del Mercosur. No se ha cumplido ese acuerdo. Se lo prorrogó sin motivo alguno. No hubo decisión política por parte de los mismos gobiernos que todos los días hablan de la superación de la integración economicista de los Noventa mediante una integración de tipo político. Por otro lado, uno de los artículos constitutivos de la UNASUR –específicamente el 17- habla de la “conformación de un Parlamento sudamericano con sede en la ciudad de Cochabamba –Bolivia-, que será materia de un protocolo adicional al presente tratado”. Han pasado los años y seguimos esperando el protocolo adicional, mientras quienes hablan de integración política se ocupan exclusivamente de crear un banco. Agrego, refiriéndome a la decisión errada de ubicar la sede en Venezuela: la integración no debe depender de mecanismos ideológicos. Precisamos una integración regional que vaya más allá del hecho de que los gobiernos sean de derecha o de izquierda. Hay gobiernos de derecha en la región, y necesitamos incorporarlos a un mecanismo de integración. Por eso los acuerdos intergubernamentales con mecanismos refrendarios a nivel parlamentario, como el que está creando el Banco del Sur, son insuficientes. Necesitamos avanzar hacia la creación de verdaderos parlamentos de escala regional.

Y ya que se ha mencionado el tema de la crisis en Europa, me parece que el de la Unión Europea es un excelente ejemplo no solamente desde el punto de vista de sus aciertos –que fueron muchos-, sino también de sus errores. Voy a mencionar dos entre estos últimos. Uno: la falta de participación de los ciudadanos europeos en el proceso de construcción política de Europa. Y bien: la participación de los ciudadanos sudamericanos es también insuficiente, y es insuficiente porque no existe un mecanismo de representación democrática a escala regional que convoque a nuestros ciudadanos a votar y participar de las alternativas políticas que enfrenta nuestra región.

El segundo error de Europa que quiero subrayar es el de las asincronías; el hecho de que existan mecanismos intergubernativos y no un Parlamento Europeo con verdaderos poderes legislativos y que es una de las causas generadoras de la crisis en Europa. A pesar de que desde 1978 existe un Parlamento Europeo con elección directa, éste tiene escasos poderes. Europa tiene una gran abundancia de mecanismos ejecutivos –la Comisión y el Consejo y de mecanismos económicos como el que estamos proponiendo hoy: existe en ese continente un banco central y, además, una moneda común. Es decir que existen instituciones económicas y ejecutivas como las que existen en Sudamérica, y sin embargo, son débiles las instituciones parlamentarias. Por eso Europa no tiene posibilidad de generar un nuevo plan que no sea de ajuste sino de crecimiento basado en bonos europeos, que podrían ser deliberados en un Parlamento Europeo si éste dispusiera de las potestades legislativas necesarias. Y lo mismo puede decirse respecto de las tasas de imposición a las transacciones financieras o al consumo de carbón o petróleo. Y dado que no hay un Parlamento Europeo poderoso tampoco hay políticas fiscales unificadas. Por lo tanto, Europa tiene una política monetaria unificada a partir del Banco Central Europeo y del Euro sin políticas fiscales unificadas. Esto ha provocado el colapso de varios países de la Unión Europea, así como la falta de control parlamentario en el gasto de los gobiernos nacionales, como en el caso de Grecia.

Señora Presidenta: Desde el bloque del Frente para la Victoria se ha hablado del pueblo y de los ciudadanos. Yo agrego: el pueblo de Sudamérica merece estar representado en instituciones democráticas regionales. Y digo también que no hay ni habrá verdaderos ciudadanos del Mercosur ni del UNASUR hasta que no haya verdaderas instituciones parlamentarias democráticas regionales.

Por lo tanto, más allá de ratificar mi apoyo a la creación del Banco del Sur insisto en la necesidad de avanzar en la unificación política y la institucionalización parlamentaria sudamericana. El Parlamento de la UNASUR no puede superponerse con el del Mercosur sino que debe ser creado sobre la base del ya existente, el Parlamento del Mercosur, el Parlasur. Para eso, en las próximas elecciones nacionales, que tendrán lugar en el año 2013, deberá realizarse la elección directa de parlamentarios al Mercosur, tal como prevén los protocolos firmados y los compromisos asumidos por los gobiernos. Y ese parlamento deberá tener competencias legislativas específicas, reducidas pero claras en temas relacionados con el Banco del Sur, por ejemplo: dónde se van a aplicar los fondos, para qué y cómo se debe financiar un plan de infraestructura de bienes públicos sustentables a escala global para toda Sudamérica. Esa es una tarea específica de un Parlamento democrático y representativo de los pueblos de Sudamérica, de los ciudadanos sudamericanos. Se trata de un compromiso faltante que los gobiernos harían bien en asumir y nosotros como parlamentarios haríamos bien en sancionar. (Aplausos.)

DISCURSO LEY DE SOFTWARE

“Curiosamente”, la prórroga de la ley de software que propone el Gobierno es exageradamente favorable a las empresas más grandes (dos de las cuales entre muchos cientos se llevan más de la mitad de los beneficios), no tiene un sesgo a favor de las Pymes ni de las nuevas empresas y somete al Congreso a maniobras de lobby. La votamos favorablemente porque es mejor esta ley que ninguna, a pesar de que no aceptaron ninguna de las sugerencias de modificación que hicimos. Copio a continuación mi discurso y me comprometo a presentar una ley correctiva apenas me sea posible.

DISCURSO LEY DE SOFTWARE

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Iglesias.- Señor presidente: en 2009 escribí un libro titulado Qué significa ser progresista en la Argentina del siglo XXI, cuya tesis central se refiere a las formas de producción de riqueza en la sociedad global de la información.

Desde muchos lugares, no sólo desde el oficialismo, se insiste hoy en que la Argentina tiene que ser industrializada. Y bien, nuestro país es ya más industrial que los Estados Unidos y la Unión Europea, ya que el porcentaje del PBI que aporta la industria es mayor en Argentina que en Estados Unidos y Europa. El problema que tiene la Argentina no es pues el de aumentar la proporción de producción industrial sino el de hacer competitivos a cada uno de sus sectores, incluida –desde luego la industria.

Estos aparatos que usamos todos –me refiero a los smart phones, teléfonos inteligentes tienen una composición bien definida de valor: sólo el 14 por ciento es producto del trabajo industrial. Es decir que las fábricas de China que producen estos aparatos se llevan solamente el 14 por ciento de su precio de venta. El resto no es labor manual sino inteligencia agregada. Lo que tiene que decidir hoy la Argentina es, pues, si vamos a competir con los chinos por los sueldos miserables que genera el 14 por ciento del valor total aportado por el trabajo manufacturero o si vamos a competir con los países avanzados por el 86 por ciento restante de esa riqueza, hecha de trabajo intelectual.

Por eso quiero que quede claro mi apoyo decidido a los objetivos generales de esta norma. El sector del software es clave en toda economía. Es un sector decisivo, además, porque es inteligencia, comunicación e información aplicada no a la producción agroalimentaria o industrial, sino a la producción de más información, de más comunicación y de más conocimiento. Una forma central de la economía cuaternaria del futuro.

Sin embargo, el problema que tenemos hoy es que esta ley tiene serios defectos. El primero de ellos es que repite una idea fracasada de la etapa industrial de la Argentina, que se basó sistemáticamente en ofrecer subsidios y desgravaciones indiscriminadas al sector industrial para después cortarlos de golpe, provocando shocks cíclicos y una industria ineficiente que terminaba cerrando sus fábricas y dejando a los argentinos sin puestos de trabajo. Primer punto entonces: Si queremos tener un sector del software eficiente la competitividad no puede estar dada solamente por los subsidios y las desgravaciones.

El segundo punto es el problema central: ¿dónde está el cuello de botella? Toda la mano de obra argentina capacitada para trabajar en este sector tiene trabajo al día de hoy; la desocupación en el sector de software es igual a cero. El cuello de botella de la Argentina en el sector del software es la falta de suficiente mano de obra calificada, y no la rentabilidad empresarial. Por eso los problemas del sector no se solucionan dándole más rentabilidad a las empresas, sino con una política educativa que nos evite la vergüenza de tener el 6 por ciento del PBI dedicado a la educación mientras las estadísticas internacionales demuestran que la Argentina ha caído en los últimos años por debajo de Chile, Brasil, Uruguay y México. Y además se debe modificar la matrícula, porque la composición de la matrícula universitaria argentina es una vergüenza y otra causa del atraso nacional. No tenemos técnicos, no tenemos ingenieros. Tenemos cifras ridículamente bajas en las ciencias duras, y este es el cuello de botella por el cual el sector no logra pasar ni puede crecer, y esto es lo que hay que atacar desde el Estado. Rol del Estado que no es el de garantizar la rentabilidad de empresas ineficientes sino ayudar a las empresas eficientes a desarrollarse solucionando el principal problema que tienen y tenemos, que es el de la educación y la formación de mano de obra calificada.

Dicho esto, quisiera referirme a los aspectos específicos de esta ley y hacer propuestas concretas para modificarla.

El primer problema que plantea esta iniciativa es el del “día después”. Hasta el 31 de diciembre de 2019 las empresas que se acojan a este régimen van a tener una desgravación del 70 por ciento en aportes patronales y del 60 por ciento en el impuesto a las ganancias. A partir del 1º de enero de 2020, la desgravación va a ser igual a cero. De manera que, o tendrán rentas extraordinarias que deberían ser tasadas antes o se van a fundir el Día después. Este problema hay que atacarlo, y se lo puede hacer de dos maneras. La primera de ellas es creando un régimen que desfase el final del período por empresa, en lugar de fijar un mismo día para todas. Porque si tenemos el fenómeno del Día después, vamos a tener un año de lobby de las empresas pidiendo –racionalmente, comprensiblemente- que otra vez se prorrogue el régimen por cinco años, porque si no no podrían subsistir sin expulsar mano de obra.

Nosotros no queremos que eso suceda. Por lo tanto, las empresas tienen que poder acogerse al régimen por cinco años a partir del momento de esa adhesión. Esto permitiría que el final del régimen fuera individual, por empresa, y no general para todo el sector. Por lo tanto, se elimina así una parte importante del problema del Día después.

La otra manera de atacar el problema es hacer que los beneficios, sobre todo en lo relacionado con el impuesto a las ganancias, disminuyan progresivamente. El 60 por ciento previsto por esta ley es una cifra muy alta de exención, que sólo es justificable para el primer año. Por eso proponemos 50 por ciento para el segundo año, 40 por ciento para el tercer año, y así progresivamente, para que el shock causado por la disminución no se produzca, sino una baja progresiva que no suceda de un día para otro. Es increíble que la progresividad, una medida elemental en todos los regímenes fiscales, no figure en esta norma, y que estemos diciendo a las empresas que tendrán un beneficio del 70 por ciento en un impuesto y del 60 por ciento en otro hasta un cierto día, y el día después, nada: cero. Ya sabemos cómo termina esto, señor presidente, y no queremos que termine así otra vez.

Por otra parte, hay que considerar el tema de las pequeñas empresas. La ley debe tener un sesgo a favor de las pequeñas empresas, que son las que más lo necesitan y más promueven el empleo local. Por lo tanto, proponemos que el descuento en ganancias sea el 70 por ciento de las desgravaciones de los aportes patronales para los primeros cincuenta trabajadores; del 60 por ciento para los comprendidos entre el puesto 51º y 100º; del 50 por ciento para los ubicados entre el 101º y 200º, y del 40 por ciento para los demás. Esto permitiría a las empresas más pequeñas competir en forma ventajosa en el país y el mundo.

Finalmente, el punto central que falta en esta ley es el problema de la educación y formación de profesionales idóneos. Ya que la exención de ganancias es muy alta, del 60 por ciento, proponemos que haya obligatoriedad de que el 50 por ciento del dinero que se ahorran las empresas sea invertido obligatoriamente en la formación de mano de obra para el sector, exceptuando de la misma a los trabajadores de la propia empresa, para evitar maniobras.

Las empresas que reciben una subvención, una desgravación tributaria por parte del Estado del 60 por ciento, por ejemplo, deben aplicar la mitad de ese porcentaje –el 30 por ciento total- a la formación de nuevos cuadros dirigentes, profesionales y técnicos, a fin de solucionar el verdadero cuello de botella del sector que es, precisamente, la formación técnica y profesional.

Finalizo mi discurso reiterando que la Argentina tiene que apostar al futuro y al siglo XXI, pero debe hacerlo sin repetir los errores que cometió en la fase industrial del siglo XX. Por lo tanto, es lógico que el régimen presente condiciones favorables para las empresas que se instalan o se crean; pero no es lógico que empresas que ya gozaron de este régimen durante diez años se acojan a cinco años más. Tampoco es lógico que no haya un sesgo para las PYMES, ni una cláusula a favor de las inversiones en educación, ni que creemos de manera irresponsable el problema del “día después”, que provocará en pocos años el mismo problema que tratamos de solucionar hoy.

Sr. Secretario (Hidalgo).- Se han registrado 140 votos afirmativos. No hay votos negativos. (Aplausos.)

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA - PUBLICIDAD OFICIAL

Les dejo la transcripción de mi discurso en el recinto en ocasión del debate por la ley de regulación de la publicidad oficial.

Sr. Iglesias.- Señor presidente: durante la vergonzosa sanción de la ley de medios del gobierno kirchnerista se nos dijo que no era necesario discutir demasiado ese proyecto porque venía de años y años de discusión en el terreno de la sociedad civil y que la Coalición por una Radiodifusión Democrática había sido suficientemente clara con respecto al modelo de medios que necesitaba un país democrático.

Esta afirmación otorgaba a esos foros, donde se había debatido el proyecto de ley de medios, un carácter que no tenían, el de deliberar en lugar de las Cámaras de Diputados y Senadores que es donde nos encontramos los representantes de un país que es todavía una República. Y en una República el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes.

Pero además de ser anticonstitucional y antirrepublicana, esa afirmación era claramente falsa. Tengo aquí, en mi poder, los veintiún puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, cuyo punto 3 finaliza diciendo: “También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.”

De manera que la afirmación del oficialismo de que la ley de medios kirchnerista cubría los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática era falsa, como también lo eran muchas otras aseveraciones hechas entonces desde el oficialismo, que en esa ley de medios se encargó no sólo de atentar contra la seguridad jurídica de las empresas -con los plazos de desinversión arbitrarios- sino contra la seguridad jurídica de los trabajadores de esos mismos medios. Digo esto porque en una ley que tiene alrededor de 170 artículos, no hay uno solo sobre protección de los derechos de los trabajadores de las empresas obligadas a desinvertir en un solo año.

Sr. Iglesias.- Señora presidenta: venimos entonces a reparar este punto para que, como dice el punto 3 de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, esté prohibida por ley la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.

En este sentido, hay muy poco para agregar a lo que es de público conocimiento. Cuando este gobierno asumió el poder en el año 2003, la pauta publicitaria era de entre 43 y 46 millones, según la fuente. En 2008, esto es, cinco años después, ascendía a 395 millones de pesos, con lo cual se había incrementado en un 754 por ciento.

Nos gustaría que los miembros de un gobierno que se dice nacional y popular nos dijeran cuáles son los salarios y las jubilaciones de la Argentina que en ese mismo período se hayan visto incrementados el 754 por ciento. Y no contentos con esto, de un año para otro esta cifra fue duplicada por el Gobierno: pasó de 395 millones en 2008 a 829 millones de pesos en 2009, con un incremento total de más del 1.500 por ciento respecto del monto original del año 2003.

Me gustaría saber cuáles son los argentinos, a excepción de algunos que bien conocemos, que han gozado de estos beneficios en un lapso tan corto.

Por si esto fuera poco, a esto se agregó el así llamado “Fútbol para Todos”, con una cifra similar. Es un fútbol para todos muy curioso este, porque consiste en que los clubes de fútbol que administran el más rico de los deportes de nuestro país reciben un subsidio inmenso del gobierno para pagar a sus estrellas para que la gente pueda verlas por televisión. Pero al mismo tiempo, cuando uno quiere ir a ver ese mismo espectáculo a la cancha, se acabó el fútbol para todos. Hay que pagar precios a veces escandalosos por las entradas y no hay mucha democracia en estadios divididos en palcos oficiales, plateas preferenciales y tribunas. Yo he presentado un proyecto para reparar esta situación, es decir, para que los clubes que toman dinero del Estado para que haya “fútbol para todos” tengan en sus canchas acceso libre, sin pago de entrada y sin distinción entre platea y tribuna. Pero me parece que mi iniciativa no ha tenido mucho éxito, porque no ha sido siquiera tratada en la comisión de deportes.

La realidad es que la distribución de la pauta publicitaria oficial ha sido escandalosa. Cuando se comparan los medios más favorecidos con las más desfavorecidos hallamos la apabullante cifra de ochocientos. Quiero decir que por cada uno de sus lectores los medios pro oficialistas cobran ochocientas veces más que los medios críticos del gobierno.

Y lo peor de todo está en la televisión. El canal 9, flojo de papeles y por lo tanto sometido a la voluntad de este gobierno, se lleva el 50 por ciento de la pauta publicitaria oficial para televisión.

Y además, desde la televisión pública se aplica el modelo de comunicación “6,7,8”, que no es otro que el de la propaganda goebbeliana: miente, miente, que algo queda; calumnia, calumnia, que algo queda.

El de la pauta es un tema central en la democratización de los medios. La distribución de la pauta publicitaria oficial debe partir de un principio muy claro: la distinción entre lo que es la pauta publicitaria del el estado para hacer públicas sus acciones, y la propaganda gubernamental. La de estado y gobierno es una distinción que no existe para este gobierno, que ha llegado hasta extremos escandalosos. Desde la Televisión Pública y el Fútbol para Todos se ha llamado a escrachar a jueces que no obedecían a los diktats que salían del Poder Ejecutivo. Y a través de esos mismos medios oficiales, con la plata de todos los argentinos, se ha convocado a marchas en las que después se llamó a tomar los Tribunales por asalto.

Si el oficialismo quiere decirlo así, nuestro objetivo es, en este aspecto, poner palos en la rueda a un gobierno que tiende a la creación de un triple monopolio de medios. En este, los medios oficiales no son de comunicación estatal sino de propaganda gubernamental, y los medios privados están sometidos al chantaje permanente de la pauta publicitaria y a la amenaza de expropiación a manos de los capitalistas amigos del gobierno.

Por otra parte, quienes deberían ser favorecidos por formar parte del tercer sector, como las ONGs, los sindicatos o las universidades, son chantajeados para que la la información que difundan sea absolutamente tendenciosa y favorable a este gobierno. No hay más que escuchar un poco cuáles son las radios que han accedido al éter por este canal para ver qué es lo que se ha hecho.

De manera que, señora presidenta, estamos muy contentos de poder poner hoy este primer mojón en lo que debe ser la necesaria democratización de los medios argentinos. Y esto nos comprometemos a sostenerlo todos los partidos de la oposición, porque el problema no es solamente el uso arbitrario, autoritario y hegemónico que ha hecho este gobierno, sino acabar con la discrecionalidad política y el chantaje que hacen que la prensa deje de ser independiente y pase a ser un medio de propaganda oficialista. (Aplausos.)

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

DISCURSO EN LA SESION DEL 9 DE JUNIO PARA RATIFICAR EL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNASUR

Señor presidente: quiero anticipar el voto afirmativo del bloque de la Coalición Cívica con respecto a este tratado. También deseo afirmar que espero que esta iniciativa sea aprobada por unanimidad, lo que constituiría una gran noticia a favor del proceso de integración regional por parte de esta Cámara. Sin embargo, creo que no basta con complacerse con los logros sino que también existe la obligación de tratar de pensar en cómo se va hacia adelante en este proceso. Así que con mis escasas luces y variados desequilibrios voy a tratar de aportar a la cuestión, y lo voy a hacer leyendo un breve texto, que dice lo siguiente:

“La Coalición Cívica se expresa a favor de la superación de la falsa opción entre las relaciones carnales y el aislamiento internacional. Creemos profundamente en las enormes posibilidades que para sus habitantes puede abrir una Sudamérica orientada al mundo y al futuro, cohesionada por infraestructuras comunes, integrada no sólo económica sino políticamente, con instituciones parlamentarias y judiciales capaces de solucionar conflictos paralizantes como los enfrentan hoy a miembros de un mismo bloque.

Proponemos una Unión Sudamericana dotada de mecanismos de decisión democráticos de escala continental, que sean capaces de arbitrar los problemas regionales y de proveer al continente una estrategia sostenible de desarrollo que no acabe con sus democracias nacionales sino que confiera nuevo vigor a sus mejores principios. Creemos en una Unión Sudamericana con capacidad de decisión autónoma y a la vez integrada al resto del planeta, deseosa de abandonar el victimismo improductivo y de aprovechar las oportunidades que la mundialización está abriendo para los países en desarrollo. Soñamos con una Unión Sudamericana que no sea un mero nacionalismo ampliado a la escala regional ni un muro que separe a sus países del mundo, sino que se constituya como un puente hacia él. Y creemos también que la Argentina tiene un rol importante en su construcción, en la reforma democrática de la ONU y demás organismos internacionales, y en la progresiva creación de instituciones democráticas en el ámbito global.”

Estas palabras, señor presidente, que tienen una enorme actualidad, forman parte de la Declaración de Principios de la Coalición Cívica, que ya tiene más de tres años a partir del momento en que fue firmada como tal, como una especie de Constitución de nuestro espacio político, durante la campaña presidencial de 2007.

Todo esto tiene una enorme relevancia, porque la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas es una excelente noticia pero, a la vez, presenta una serie de problemas y es necesario que empecemos a reflexionar acerca de ellos. El primero de esos problemas es la superposición de iniciativas. Tenemos al Mercosur y al Parlasur, a la Comunidad Americana de Naciones y su parlamento, a la UNASUR y su parlamento, a la Confederación Latinoamericana de Naciones y al Parlamento Latinoamericano a ella ligado.

La integración regional latinoamericana tiene sobreabundancia de iniciativas y posee una cierta exuberancia tropical por la cual nos falta definir claramente cuáles son las potestades de cada uno de estos ámbitos de integración. Cuando uno analiza profundamente la situación de Europa se da cuenta de que la Unión Europea es un plano de integración que imbrica a 27 países. Pero en el Consejo de Europa hay 47 países, y en el área del euro –hoy en crisis- están involucrados 16 países. Y en el Acuerdo de Schengen, que se refiere a la libre circulación de personas, participan 12 países. Es decir que hay diferentes niveles de integración. Es claro que se trata de un proceso que tiene mucho más tiempo que el nuestro y que, por lo tanto, está más avanzado, pero también es importante resaltar que en él resultan indudables las atribuciones específicas que se le otorgan a cada uno de estos espacios de integración. Por eso se viene la discusión de las competencias específicas y la definición clara que debemos tener acerca de cómo se articula la UNASUR con el Mercosur, con la Comunidad Andina de Naciones y con la Comunidad Latinoamericana de Naciones. Este es el primer punto que me parece necesario plantear para poder avanzar: la discusión de las competencias específicas en la integración regional.

También es necesario avanzar sobre otros dos grandes ejes. El primero es uno que forma parte del ADN político de este país, que es el federalismo. El federalismo ha sido concebido hasta ahora, solamente, como una solución a los problemas de integración interna de los estados nacionales. Hoy empieza a convertirse en un paradigma de reflexión y acción para la integración regional y mundial, y es en este sentido, el de la integración federal regional de nuestros países y el de la unidad política federal mundial, que es necesario avanzar.

Señor presidente: Se ha criticado –y con buenas razones- la integración meramente económica de los años ’90, y se ha hecho hincapié a favor de la integración política y cultural. Pero si la integración política es verdadera integración política, entonces tiene que ser integración institucional, y por lo tanto tenemos que discutir cuál es el modelo de integración que se va a desarrollar en la UNASUR, es decir: si vamos a seguir con el paradigma intergubernamental, que requiere unanimidad y por lo tanto confiere poder de veto a cada uno de los gobiernos para frustrar las iniciativas de integración, o vamos a avanzar con el principio democrático y con el principio mayoritario, para pasar de una integración simplemente confederal a una integración federal, es decir, a una integración que no sea solamente de las naciones del continente sino una integración de los ciudadanos del continente, en un mismo ámbito común, con una ciudadanía compartida, y con instituciones parlamentarias y jurídicas capaces de intervenir en los temas que competen al interés común de todos los habitantes de Sudamérica.

El segundo paradigma que debe regirnos es, pues, el de la ciudadanía. Para esto necesitamos un rápido empoderamiento de las instituciones ya existentes más que la creación de instituciones nuevas. Está pendiente la transformación del Parlamento del Mercosur, que no es todavía un parlamento sino una asamblea parlamentaria, ya que no posee poderes legislativos, ni tiene elección directa ni reuniones permanentes, ni organismos asociados suficientes como para desempeñar esa tarea. Está pendiente, para decir lo menos, la elección directa de representantes que los gobiernos se han comprometido a celebrar pero se niegan a dar los pasos necesarios para hacerla realidad. Y esta elección directa es imprescindible para abrir el camino hacia la paulatina cesión de potestades legislativas en los asuntos comunes desde los gobiernos nacionales hacia el Parlamento del Mercosur.

Esa es una deuda que quiero señalar, por parte del gobierno argentino y de todos los gobiernos de la región. Tenemos que avanzar rápidamente en este sentido para que la integración no se trate simplemente de discursos bonitos pero insustanciales acerca de la hermandad y creación de instituciones que después no tienen ningún poder efectivo, sino que de una vez por todas logremos que los ciudadanos de la UNASUR –es decir, los ciudadanos sudamericanos tengan también representantes en sus instituciones parlamentarias. Tenemos que avanzar desde la idea de la igualdad ciudadana a nivel nacional a la idea de la igualdad ciudadana a nivel regional, porque hay países de nuestro continente –como Bolivia y Paraguay que necesitan acceder a los mismos derechos ciudadanos que disfrutan los ciudadanos de países que han tenido una historia mucho más favorable desde el punto de vista de su desarrollo.

Ahora bien, señor presidente, quiero agregar que si la integración política es integración institucional, no hemos empezado de la mejor manera. Digo esto porque hemos ratificado este tratado injustificadamente tarde y lo estamos ratificando hoy, cuando las autoridades más importantes de la UNASUR ya han sido elegidas.

Se necesitan nueve países para que la UNASUR tenga entidad jurídica internacional. Todavía no la tiene, y esto ha sido responsabilidad de todos los gobiernos que han demorado injustificadamente la firma de este tratado.

Por eso, esto es un gran paso adelante. desde la Coalición Cívica llamamos a agilizar el proceso y a que la Secretaría General de la UNASUR, ejercida por el señor diputado Néstor Kirchner, tome una acción decidida en favor de la ratificación de todos los miembros del bloque.

Nosotros ya hemos manifestado en su momento, muy claramente los motivos de nuestra oposición a la elección de Néstor Kirchner para la Secretaría General de la UNASUR, y no los vamos a repetir aquí. Si bien ha sido una decisión tomada con nuestro desacuerdo, ha sido tomada por líderes políticos de otros países que respetamos enormemente. Creemos que no es momento de insistir en los motivos particulares que nos llevaron a disentir con este tema, sino de mirar hacia el futuro y avanzar.

Pero quiero mencionar algunas cuestiones que no se pueden obviar. Por los motivos que ya han sido subrayados por los oradores que me precedieron, al asumir la Secretaría General de la UNASUR, el señor diputado Néstor Kirchner se ha hecho cargo de una importantísima responsabilidad, especialmente grave en un mundo en el cual los grandes bloques regionales empiezan a ser actores globales y donde la emergencia de las naciones del BRIC plantea la cuestión acerca de si esta situación internacional tan particular y favorable va a ser aprovechada solamente por Brasil, o será toda la región sudamericana la que aproveche esta enorme oportunidad de abandonar su subdesarrollo crónico. Esto es lo que está en juego, y por eso digo que el diputado Kirchner tiene una gravísima e importante responsabilidad.

Además, sobre el actual secretario general de la UNASUR pesa una enorme responsabilidad porque –lo quiera o no- representa la imagen de toda la Argentina. Por eso esperamos que lo haga con la mayor competencia y la mayor responsabilidad, lo que desde luego implica cumplir cabalmente con todas y cada una de las cláusulas del tratado que estamos aprobando, en particular el artículo 10, que dice lo siguiente: “Durante el ejercicio de sus funciones el secretario general y los funcionarios de la secretaría tendrán dedicación exclusiva. No solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni entidad ajena a UNASUR y se abstendrán de actuar en forma incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante esta organización internacional.”

Nos parece –lo digo con todo respeto- que este artículo tan claro plantea una incompatibilidad del cargo de secretario general no sólo con las funciones de un diputado del Parlamento argentino o de cualquier otro parlamento nacional, sino también con la presidencia de un partido político, el justicialismo, que es el más grande de Sudamérica por cantidad de afiliados. Además, en el caso de Néstor Kirchner se habla con insistencia de una candidatura presidencial que es aún más incompatible que los otros dos cargos mencionados. Esta es nuestra opinión, que expresamos respetuosamente pero con toda convicción: no se podrá avanzar en la integración sudamericana si desde el primer minuto no se respeta el tratado constitucional que la rige.

Por eso, señor presidente, formulamos votos para que el diputado Kirchner esté a la altura del enorme desafío del que se ha hecho cargo. Si es así, si el secretario general de la UNASUR responderá a sus legítimas funciones y no a una estrategia nacional de posicionamiento para el 2011, desde la Coalición Cívica ofreceremos todo nuestro apoyo para avanzar hacia la integración regional. Para ello, se deberá superar todas las discrepancias no sólo nacionales, sino las propias de las luchas políticas de cada uno de los partidos políticos de nuestro país. Así es como procederemos, con absoluta sinceridad, y por eso reclamamos que este cargo se desempeñe con la enorme responsabilidad que merece. (Aplausos.)

DISCURSO EN EL RECINTO - SESIÓN ESPECIAL 21 DE ABRIL DE 2010

Reglamentación de los DNUs

Señor presidente: el diputado preopinante finalizó hablando de la Constitución Nacional. Justamente la tengo en mi banca, y el artículo 75 inciso 7 de la misma, referido a las atribuciones del Congreso, dice así: “Corresponde al Congreso: … Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.” Al respecto quisiera que me dijera alguien si el Congreso ha sido el que en estos últimos años se ha ocupado de la deuda o si sistemáticamente, con resultados que no hace falta mencionar, se ha ocupado el Poder Ejecutivo.
Me gustaría también referirme a un par de ideas que se divulgan con mucha superficialidad. La primera es la de la indiferencia popular frente a las cuestiones reglamentarias, y la otra la acusación de que esta Cámara no trata los problemas de la gente. Lo cierto es que el mandato de los ciudadanos argentinos el 28 de junio de 2009 fue muy claro: “Paren los atropellos y la ruptura del orden institucional. Hagan que se respeten las instituciones.” Y aquí estamos para cumplirlo.
La segunda idea que se divulga desde el oficialismo, también con superficialidad, es que las cuestiones de forma impiden tratar el fondo de las cuestiones. En el caso del Fondo de Desendeudamiento, o del Bicentenario, que es el mismo, sostienen que lo decisivo es qué se hace con las reservas, mientras que es indiferente la forma en que se tomaba la decisión.
Mire, señor Presidente. A la Argentina no la ha fundido, no la funde, ni la va a fundir una decisión errada sobre unos miles de millones de dólares. A la Argentina la fundió, la funde y la va a seguir fundiendo vivir sin ley y sin Estado de derecho. A la Argentina la funde vivir sin moneda, en un contexto de permanente inflación que se lleva los salarios y las jubilaciones. A la Argentina la va a fundir tener un Banco Central al que pretenden convertir otra vez en la cajita feliz del gobierno de turno. A la Argentina la funde y la va a seguir fundiendo vivir con gobernadores rehenes del Poder Ejecutivo, con jueces rehenes del Consejo de la Magistratura y en un estado de excepción permanente donde la única regla vigente es la de la violación de todas las reglas.
Por eso, la cuestión de fondo es si vamos a vivir en un régimen presidencial-republicano o en una monarquía, en un híper presidencialismo, o en una monarquía plebiscitaria. Lo central es si vivimos en una república de iguales o si la presidenta está por encima de la ley y puede desconocer los fallos de la justicia, y meter al Congreso en el freezer a fuerza de DNUs, vetos y negativas a dar el quorum.
El verdadero punto de la cuestión es que al kircherismo le molesta el Congreso. Preferiría que no existiese. Cómo se explica, si no, que durante cuatro años, teniendo mayoría en ambas Cámaras, en materia de dictado de decretos de necesidad y urgencia superaran la marca de su antiguo amigo y actual protector Carlos Menem. ¿Qué sentido tiene batir el récord de dictado de decretos de necesidad y urgencia cuando se tiene mayoría en ambas Cámaras, que no sea el de expresar públicamente el desprecio al Congreso, que es desprecio a los representantes del pueblo de la Nación?
Si cuando tienen mayoría convierten el Congreso en una escribanía y cuando la pierden hay que votar con ellos porque si no uno pone palos en la rueda, entonces tienen que decir para qué está el Congreso. Si siempre tenemos que hacer lo que dice el Poder Ejecutivo, ¿para qué estamos acá? Devolvamos las dietas, que se vayan a su casa nuestros asesores, y por lo menos el pueblo se ahorrará un poco de dinero.
El Congreso tiene derecho a no estar de acuerdo con el Poder Ejecutivo y a imponer su opinión en las leyes que sanciona. Según lo que dispone el artículo 75 de la Constitución, el Congreso tiene derecho, por ejemplo, a arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, facultad que se le ha quitado por medio de decretos de necesidad y urgencia y delegación de facultades extraordinarias y superpoderes.
Señor presidente, este es un régimen presidencialista pero también republicano y constitucional, y el golpismo destituyente no es sólo contra el Poder Ejecutivo. En un régimen republicano, el golpismo destituyente puede ser también contra el Congreso, en el que están representados los ciudadanos de la Nación. Y el mecanismo de los DNU que queremos derogar es el que ha utilizado preferentemente el Poder Ejecutivo para apropiarse de sus facultades.
Este gobierno ha abusado más que los anteriores de los decretos de necesidad y urgencia, pero le voy a dar la razón al oficialismo cuando señala que estos males tienen una larga historia. En realidad, lo que no comprendo es cuál es el sentido de la palabra “memoria” para el oficialismo. Yo creía y aún creo que la memoria sirve para ver los errores del pasado y no volverlos a cometer, y hoy me causa cierta indignación escuchar del oficialismo que la memoria significa recordar los errores del pasado para justificar los horrores del presente. Me parece que ese no es el significado de la palabra “memoria”.
Cambiar el régimen de aprobación de los DNUs implica un compromiso de toda la Cámara, porque en 2011 puede gobernar el país cualquiera de estos bloques. Este es un compromiso para todas las bancadas de la oposición que promueven la sanción de una nueva reglamentación de los DNU. Pero quiero cerrar señalando dos cosas. En primer lugar, los DNU conforman un tríptico de excrecencias del poder monárquico en medio de un régimen republicano que violan la división de poderes. Por eso, si bien ahora vamos a ir por una reglamentación estricta de los DNUs que respete el contenido fijado por la Constitución, en el futuro existe una tarea pendiente para que este Congreso o una Asamblea Constituyente deroguen la capacidad de indulto, ya que es violatoria de las potestades del Poder Judicial. Y también habría que derogar el veto presidencial, que es violatorio de las potestades del Parlamento.
Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer defendiendo la Constitución Argentina y la Declaración de Principios de la Coalición Cívica, que se suscribió cuando nuestra coalición se formó, en el año 2007. Fue parte de nuestra campaña presidencial de 2007, y voy a leer exactamente lo que dice al respecto: “En el campo institucional nacional, la Coalición Cívica se pronuncia por un verdadero federalismo fundado en un régimen de coparticipación equitativo que acabe con el chantaje y la cooptación de gobernadores provinciales, por la restitución al Parlamento y a la Justicia de su dignidad e independencia avasalladas, por una reforma política y del sistema de financiación de los partidos que impida la eterna reproducción del viejo orden político, por una reforma fiscal que acabe con la concentración de la renta y por la devolución de los poderes sustraídos al Parlamento y el fin del hiper-presidencialismo.”
Esto es lo que prometimos, esto es lo que votó la gente el 28 de junio, y esto es lo que vamos a hacer. Gracias señor presidente.

DISCURSO EN EL RECITNO.-

Tratamiento del Proyecto de ley sobre extracción compulsiva de ADN.

Código Procesal Penal de la Nación. Incorporación del Articulo 218 bis, sobre obtención del Acido Desoxirribonucleico - ADN - del imputado o de otra persona. Dictamen de Mayoría. Votación en General y Particular.

4 de noviembre de 2009.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Iglesias.- Señora presidenta: no voy a hablar de mi experiencia personal en materia de derechos humanos porque nada de lo que haya hecho o dejado de hacer hace a mis ideas mejores o peores. Pero déjenme decirles que he estado en minoría en los años 70, cuando gran parte de la sociedad argentina creyó que la transformación social pasaba por vías que no eran las de la democracia. Estuve en minoría durante la dictadura, cuando esa misma sociedad creyó que los derechos humanos no importaban, que algo habrían hecho y que por lo tanto había que reprimir y que todos los métodos eran lícitos. Y estuve en minoría en los 90, cuando íbamos a llegar por arte de magia al Primer Mundo, y seguí estando en minoría con el kirchnerismo, y también probablemente lo voy a estar ahora. Pero no por eso voy a dejar de decir lo que pienso, aunque estoy seguro de que muchas personas que quiero, y cuya lucha conozco desde hace mucho, no van a estar de acuerdo conmigo.
La primera pregunta que hay que hacerse en este tema es qué es la identidad, porque hay quienes usan aún hoy un concepto antiguo de la identidad según el cual la identidad nos viene simplemente dada por la historia. Es la identidad que tuvo mi abuelo; mi abuelo nació y era gallego, español, católico, heterosexual, campesino. Todo lo que era había estado fijado por su nacimiento. Hoy, en plena Modernidad, no pensamos a la identidad en esos términos. Pensamos a la identidad como la capacidad que tiene el propio sujeto de elegir quién es, de decidir cuál es su propia identidad. Y también la pensamos como imposibilidad de la sociedad, del Estado y de cualquier otro de imponerle a una persona una identidad -justa o no- pero que ella misma no reconoce.
La decisión soberana del sujeto es hoy la base de la identidad, y es por eso que son extraordinarios los éxitos que han tenido las Abuelas en encontrar cien nietos pero, hay que resaltarlo, se calcula que el número de nietos apropiados es cuatro o cinco veces mayor. La verdad, la triste verdad, es que siendo la cuestión de derechos humanos tan pública y dolorosa en la Argentina esto sólo se explica por un solo factor, y es que la mayoría de esos chicos no quieren ser encontrados. Yo puedo estar en desacuerdo con ellos, pero no puedo imponerles mi decisión, y creo que esta regla vale para todos.
Aquí se habló de psicología, de la necesidad de curar y reparar esta terrible herida. Pero la psicología moderna enseña que no hay cura si no hay voluntad de cura, y no se abrevia el paso hacia la cura obligando a alguien a someterse al tratamiento. Por el contrario, se lo cierra. Por eso considero que este proyecto de ley es muy malo, por varios aspectos, pero sobre todo porque no va a permitir la reparación, no va a permitir el camino de la reparación. El camino de la reparación de la identidad robada empieza cuando una persona consciente y voluntariamente quiere encontrar su origen y reencontrarse con aquella historia perdida por la dictadura genocida. Esta ley no permite eso; al contrario, lo obtura. Obtura ese proceso y obliga a la persona a enquistarse donde está. Invito a todos los que de buena fe y con buena voluntad, y después de enormes sufrimientos, piden que se sancione, que reflexionen sobre esto; que piensen si es esto realmente lo que quieren: imponerle a sus nietos una historia y una identidad que rechazan. Esta ley no cura, no sana, no reunifica, no permite que el individuo encuentre su camino hacia esa historia perdida. Por el contrario, es un obstáculo absoluto.
Se acaba el tiempo pero quiero hacer un par de aclaraciones más. La primera: lo que es compulsivo no es la extracción de sangre, sino la revelación ante ellos mismos y ante el resto de la sociedad de una identidad que esas personas manifiestamente no quieren reconocer. Quienes quieren hacerlo tienen todos los medios, y no lo hacen. Es una cuestión pública y el Estado debe garantizar el derecho de todos aquellos que quieren reconocer esa historia y encontrar esa identidad para que lo hagan. Pero no puede imponerles que lo hagan si no quieren.
Me pregunto quién puede hacerlo. ¿La sociedad argentina puede hacerlo? Esa sociedad, como sostuvo la Presidenta de la Nación, cuya gran mayoría apoyó ese genocidio, ¿tiene ahora derecho a imponer esto a sus víctimas? ¿Puede hacerlo el Estado, cuando fue ese Estado el que los secuestró y el que mató a sus padres, cuando fue el Estado el que los ocultó y el que permitió que pasaran años y años sin verdad ni justicia? ¿Tiene ahora derecho a infligirles lo que para la mayoría de ellos o para todos ellos -porque por algo se niegan- va a ser sentido como un daño moral irreparable?
Quiero subrayar otro aspecto que me parece importante de esta ley, que tiene que ver no sólo con los derechos humanos del pasado sino con los derechos humanos del futuro. El Estado argentino no admite, aun sabiendo que un ciudadano es culpable de un crimen horrendo, considerar como válidas las pruebas de ese crimen si esas pruebas fueron obtenidas ilegalmente. Es lo que ha enfatizado el garantismo, es decir: el respeto de las garantías constitucionales. Y cuando digo que no lo admite, digo que deja libre a un criminal si las pruebas fueron obtenidas ilegalmente por la Policía porque aceptar esas pruebas sería abrir las puertas a nuevas violaciones de las garantías. En cambio, si esta norma se sanciona como parece va a suceder, estaremos abriendo una puerta más para que el Estado, en nombre de valores del propio Estado, imponga su decisión sobre la decisión más sagrada del individuo que es la referida a su identidad, su intimidad y su privacidad, y sobre los modos en que después de una historia terrible quiere reconstruirla o no quiere hacerlo. ¿Por qué valen las garantías sobre la obtención de pruebas para los que quebrantan la ley y no valen para quienes han sido víctimas de un Estado genocida?
La decisión del individuo de negarse a conocer su historia pasada es exactamente la misma que impide la legalidad de la tortura. Cuando miles de personas murieron en actos de violencia terrorista se planteó esta cuestión: si el Estado tenía derecho o no a aplicar una tortura leve o una tortura moral a los miembros de una banda terrorista para obtener informaciones capaces de impedir nuevos atentados. En algunos casos esa tortura era solamente moral, como obligarlos a tirar el Corán por el inodoro por ejemplo, y la respuesta de quienes defienden los derechos humanos fue: no. Es Estado no tiene ese derecho aun cuando sea para proteger miles de vidas que pueden morir en un atentado y una persona tiene la información sobre cuándo y dónde va a tener lugar ese atentado. Porque abrir esa puerta para que el Estado, en nombre de un bien que el propio Estado considera superior, pueda aplicar un daño físico o moral irreparable a un individuo, es abrir la puerta a un Estado policial.

- Manifestaciones en las galerías.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La Presidencia solicita al orador que redondee su discurso porque ha vencido su término.

Sr. Iglesias.- Así lo haré, señora presidenta. Debemos garantizar el derecho de quienes quieren saber y recuperar aquella historia, pero también debemos respetar el derecho de quienes han sido las más terribles víctimas de esta dictadura para enfrentar su drama como ellos decidan y no como nosotros decidamos. Ni siquiera tienen derecho a cambiar esa decisión sus familiares, que han sufrido tanto como ellos. Nadie puede imponerles esa decisión.

- Manifestaciones en las galerías.

Sr. Iglesias.- Lo que no podemos...

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La Presidencia le advierte al orador que se está excediendo en su término.

Sr. Iglesias.- Señora presidenta: hubo quienes se excedieron en su término. Estoy redondeando mi exposición.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La Presidencia le aclara que está conduciendo la sesión.

- Manifestaciones en las galerías.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La Presidencia solicita a quienes se encuentran en las galerías que respeten al orador.

Sr. Iglesias.- Quiero reiterar el compromiso de nuestro bloque con la verdad, con la justicia y con los derechos humanos.

- Manifestaciones en las galerías.

Sr. Iglesias.- Pero creemos que no se pueden defender los derechos humanos violando uno de los derechos fundamentales, como lo es el derecho que tiene cada uno de nosotros a establecer cuál es su propia identidad. Mucho menos se lo puede hacer desde un Estado que fue el causante de ese genocidio y de ese robo de la Historia. Si hoy violamos este derecho estaremos abriendo una puerta muy peligrosa hacia un Estado policial; hacia un Estado que considera que en nombre de altos principios, como la verdad y la justicia, tiene el derecho a violar el derecho individual a la integridad física y a la identidad personal. Por eso anticipo mi voto negativo a la cuestión. Gracias, señora presidente.

Discurso en el Recinto.-

Discurdos en la sesión de tratamiento del Presupuesto 2010.

Miércoles 14 de Octubre de 2009.-

Señora presidente: no soy un experto en análisis presupuestario, pero algo entiendo de economía y me gustaría focalizar el análisis en los principios declamados por el gobierno y en los principios en los que se basa este presupuesto.
Este iba a ser el gobierno de la calidad institucional, pero este es el presupuesto de la violación de todos y cada uno de los reglamentos que rigen la vida institucional argentina. Otra vez se utiliza una sesión especial para violar el reglamento de la Cámara, que prevé siete días de plazo entre dictamen y tratamiento. También se viola la ley de administración financiera, como muy bien ha señalado la diputada Reyes, de nuestro bloque, y también es reiterada la violación de la Constitución Nacional, especialmente en lo que se refiere a la división de poderes y la delegación de facultades. Otra vez estamos ante facultades extraordinarias, superpoderes y avasallamiento de lo que son no solamente los derechos, sino también los deberes de este Parlamento.

Señora presidente: Este gobierno iba a ser el gobierno del keynesianismo económico, que –si yo no entendí mal a Keynes- consiste en aplicar recetas expansivas en los momentos de recesión y responsabilidad en los momentos de crecimiento. Por el contrario, este presupuesto está basado en la continuidad de políticas pro-cíclicas, que ayer se expresaban -me refiero en particular al sector energético- en subsidios en plena fase expansiva y hoy en éste, el presupuesto de los tarifazos desmedidos y confiscatorios en plena fase recesiva. O sea que de keynesiano, el Gobierno no tiene absolutamente nada.
Este gobierno habla de federalismo fiscal, pero este presupuesto es otro presupuesto concentrador de recursos en una gran caja unitaria que sirve para facilitar el chantaje a las provincias y a las Cámaras del Congreso, como acabamos de presenciar claramente en el Senado en la sesión en la que se trató la ley de medios audiovisuales.
Este gobierno ni siquiera cumple con la ley establecida, que establece un piso del 34 por ciento de recursos coparticipables. Por eso, se trata de un gobierno que no sólo no es federal sino que ni siquiera es unitario. Es peor que unitario, porque en un gobierno unitario el gobierno central se hace cargo si las provincias estallan. En cambio, lo que tenemos acá es un gobierno unitario para apropiarse de los recursos y federal para que los gobernadores de las provincias se hagan cargo de los estallidos.

Señora presidente: Este gobierno iba a ser el gobierno del país en serio, y tenemos hoy un presupuesto basado en números que provienen del INDEC, que si fueran parte de una corporación económica estaríamos ya hablando de contabilidad creativa. Este gobierno iba a ser el gobierno del modelo productivo, pero este es el presupuesto de los impuestos distorsivos que afectan directamente a los sectores productivos. Es el presupuesto de las retenciones confiscatorias y el agro paralizado. Es el presupuesto del impuesto al cheque, que afecta fundamentalmente a las Pymes. Es el presupuesto de las exenciones a las ganancias, a las finanzas, al juego y a las industrias extractivas. ¿Dónde está el modelo productivo en este presupuesto, señora presidente?
Este gobierno iba a ser el gobierno del desacople y del vivir con lo nuestro, y se ha transformado en el gobierno de las justificaciones del ajuste y el caos en nombre de factores externos. Este gobierno había prometido la reforma fiscal. Sin embargo, después de seis años seguimos teniendo un IVA del 21 por ciento sobre los alimentos que compran los jubilados, los desocupados, los trabajadores en negro, y seguimos teniendo exenciones y la falta de impuestos razonables y coparticipables a las finanzas, al juego, a la minería.
Este iba a ser el gobierno de la reconstrucción del Estado y se ha transformado en el gobierno de la ANSES utilizada como agencia de financiamiento. Señora presidente: Este gobierno ha transformado la jubilación en un impuesto. Es el gobierno del INDEC utilizado como agencia de publicidad de lo que el gobierno de los Kirchner quiere hacer pasar como los números del Estado. También es el gobierno de la AFIP utilizada como agencia de venganzas fiscales contra antiguos socios.

Señora presidente: Este era el gobierno que acabaría con el derrame. Y es cierto que acabó con el derrame porque pasamos del derrame a la sequía. La Argentina tiene el triste récord de haber sido el único país del mundo que durante dos años creció por encima del 8 por ciento mientras en su interior, gracias a la inflación, seguían creciendo la pobreza y la indigencia. Como bien dijo el diputado Cortina, se vuelve a la teoría del derrame porque es un gobierno basado en la mejora de la situación interna gracias al derrame interno de abundancia externa. Y hoy resulta que la única salida prevista de la crisis, en medio de una situación extremadamente grave en lo económico y social, es la recuperación nacional que esperamos -otra vez- por el derrame de abundancia externa debida a la recuperación de la economía mundial.

Señora presidente: Este gobierno es el gobierno de la mentira y por eso éste es el presupuesto de la mentira, como lo fue el del año pasado, que no respetó ninguno de sus parámetros fundamentales, y como sucedió también con todos los presupuestos anteriores.
Quiero terminar preguntándome cuáles son las prioridades de gasto del presupuesto. Nos dicen que no hay dinero para el ingreso ciudadano a la niñez, pero sí lo hay para Aerolíneas Argentinas, en la que viaja el 5 por ciento más rico de la población argentina gastando 6 millones de pesos por día con los cuales se podría cubrir el 75 por ciento de las necesidades del ingreso ciudadano a la niñez. Y también hay dinero, 648 millones de pesos, para el fútbol gratis… que primero iba a ser gratis, después iba a ser un gran negocio y que ahora pagamos todos los argentinos para que se insulte a la oposición desde las publicidades del gobierno en relación a los medios audiovisuales. Y también hay mucho dinero –adelanto que voy a presentar un pedido de informes- para el sistema de medios públicos. Se pagan allí sueldos que son el doble de los que se pagan en el resto del mercado. Y me parece muy bien que los trabajadores de Canal 7 ganen buenos sueldos. Lo que no me parece bien es que se terciaricen funciones para que el dinero circule por otro lado, que nadie controla.
Entonces me pregunto qué pensaríamos de un padre de familia que tiene dinero para viajar en avión, para ver el fútbol y para ver televisión, pero no lo tiene para que sus chicos coman.

Señora presidente: Por todo lo señalado, rechazamos este presupuesto y pedimos que se trate urgentemente la agenda parlamentaria que se discutió con el bloque oficialista después de las recientes elecciones. En particular, me refiero a la agenda social y al ingreso ciudadano a la niñez. Tenemos una oportunidad única porque por primera vez en esta Cámara existe consenso de casi todas las bancadas en cuanto a la necesidad de establecer un ingreso ciudadano a la niñez, que no está en este presupuesto. Por eso aspiro a que el bloque oficialista se haga cargo de la responsabilidad asumida cuando se discutió la agenda parlamentaria. Muchas gracias, señora presidente.

Ley de Medios K.-

Discurso en el Recinto, miércoles 16 de Septiembre, durante el tratamiento de la Ley de Radiodifusión. Versión taquigráfica.-

"Lo único que nos falta es que la ley de la democracia ayude al gobierno a seguir destruyendo la democracia en nombre de la democracia."

Fuente de la imagen: Diario Perfil

Sr. Iglesias.- Señor presidente, me embarga una enorme tristeza de ver la forma en que se está tratando esta ley que en el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones y de la sociedad del conocimiento, tiene una enorme importancia. Tanta, como si en el siglo XX se hubieran incluido en una sola ley la trocha de los ferrocarriles, el trazado de las autopistas y todo el sistema industrial de la República Argentina.
En estas condiciones vergonzosas se trata hoy esta norma decisiva, con una discusión de seis horas en un plenario de comisiones a seis años de un gobierno que permitió la concentración de medios de la que ahora se queja y luego de seis meses de discusión en foros por invitación organizados por el licenciado Mariotto.
En la Coalición Cívica no hemos presentado un dictamen de minoría porque ayer era evidente que no había quórum en las tres comisiones para firmar dictámenes. Por eso, para que no digan que no tenemos propuestas, voy a solicitar que se permita insertar en mi discurso las que pensábamos incluir en nuestro dictamen.
Hablo desde la tradición del ARI y de la Coalición Cívica, que durante estos seis años se han opuesto sistemáticamente a todas y cada una de las maniobras que ha hecho este gobierno con sus anteriores socios para concentrar poder en los medios: diez años de prórroga de licencias y fusión de Cablevisión y Multicanal. Aquí me voy a detener un segundo. Cuando interrumpamos la licencia a quienes gozaron de esta prórroga por diez años, violando así sus derechos adquiridos, ¿quiénes van a pagar? Van a pagar los ciudadanos argentinos, los mismos pobres e indigentes de los que habla siempre este gobierno y que cuando compran leche para sus hijos pagan aún el 21 por ciento de IVA, ya que la reforma fiscal es otra de sus asignaturas pendientes. (...)

Continúa. Para leer mi intervención completa hacer click aqui.

Ley de Medios K.-

Intervención en el Recinto, durante el tratamiento de la Ley de Radiosifusión, pidiendo una cuestión de privilegio.

"El método antidemocrático de sanción es coincidente con el contenido antidemocrático de la ley".

Fuente de la imagen: DYN

Sr. Presidente (Fellner).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Iglesias.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio porque, por muchos motivos, me siento ofendido en mi carácter de legislador y representante de los ciudadanos que me han elegido.
Adhiero a las expresiones de los colegas que me precedieron en el uso de la palabra con respecto a la irregularidad de esta sesión, pero también quiero puntualizar la fórmula del tratamiento de la ley de medios audiovisuales en la vergonzosa reunión conjunta que se celebró en el día de ayer. Fue una reunión que terminó sin quórum y con despachos que eran firmados en las oficinas de los señores diputados, sin ningún tipo de legitimidad. Esto ha impedido al bloque de la Coalición Cívica presentar un dictamen de minoría para no avalar un procedimiento irregular.
Lo de ayer fue una vergüenza. Ni siquiera en una asociación vecinal que tiene que discutir si pone o no una cancha de bochas se discute de esa manera, con semejante grado de desorganización y de avasallamiento de los derechos y de las capacidades de los diputados. Yo me pregunto si es posible discutir una ley sin tener el texto delante para poderlo leer, y me pregunto si es posible considerar en una hora y media 215 modificaciones al texto de la ley.

(...)

Para leer la intervención completa hacer click aqui.