LA ESTATIZACIÓN DE LAS DEUDAS AJENAS

A un mes del fracaso de la Resolución 125, el Gobierno vuelve a enviar al Congreso un proyecto de ley inaceptable. Se trata de la “reestatización” de Aerolíneas Argentinas, operación que consiste en realidad en la estatización del inmenso agujero negro en que grupo empresario extranjero ha transformado la que un día fuera nuestra prestigiosa línea aérea de bandera.
En su artículo primero, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo establece la compra por el Estado de las acciones de Aerolíneas y Austral. Esta adquisición implicaría, según la legislación comercial vigente, que el Estado se hiciera cargo de los activos y pasivos de ambas compañías. Ahora bien, después de años de vaciamiento, Aerolíneas tiene un pasivo que se estima en 890 millones de dólares. En cuanto a los activos, Aerolíneas es una compañía de aviación que posee un solo avión que vuele, que alquila una flota obsoleta con casi veinte años de uso promedio y cuyos vetustos aviones consumen entre 30 y 40 por ciento más de combustible, lo que en el actual contexto de carestía enegética origina buena parte del déficit operativo, que asciende ya a la alarmante cifra diaria más de un millón de dólares de pérdida. Hoy, más de la mitad de los aviones de Aerolíneas están en tierra y muchos de ellos han sido canibalizados para que sus partes sirvieran de respuestos para la operación de los restantes. Con sólo nueve sedes operativas en el exterior, habiendo vendido sus simuladores de vuelo y rematado sus pasajes de los próximos meses, lo único valioso que le queda hoy a Aerolíneas es su personal y su nombre; un nombre que hoy conserva su lugar en el corazón de los argentinos pero que está desprestigiado en todo el mundo a fuerza de sobreventas, demoras y cancelaciones. Todo ello, gracias a un Gobierno que sigue declamando la importancia de recuperar el Estado pero que no ha sabido cumplir sus deberes obligando al Grupo Marsans a cuidar el que fuera uno de los símbolos más prestigiosos del país.
Con su proyecto de ley, el Gobierno de Cristina Kirchner pretende confundir dos cosas bien distintas: por un lado, la necesaria intervención del Estado para garantizar la conectividad aérea del país y la continuidad de los puestos de trabajo; por el otro, la compra de las acciones de Aerolíneas, adquisición que comportaría el pago de sus pasivos por un gasto total bien superior a los mil millones de dólares. Para dar una idea de la enormidad de esta cifra baste señalar que el valor de mercado de American Airlines, la principal empresa aérea del planeta y propietaria de 656 aviones (contra los seis de Aerolíneas), asciende hoy a mil quinientos millones de dólares. Igualmente escandaloso es el artículo 8º de ley propuesta, que autoriza a “las jurisdicciones, entidades, fondos fiduciarios y empresas públicas… y al sistema financiero público y privado a otorgar transferencias y asistencia financiera a las empresas… a fin de sufragar… la compra del paquete accionario de dichas empresas”. Se trata, ni más ni menos, que de una habilitación para que la licuación de las deudas de Marsans pueda provenir, por ejemplo, de fondos estatales destinados a pagar salarios y jubilaciones o a construir hospitales y escuelas. De nada vale objetar que autoridades idóneas fijarán, según la la ley, el valor real de Aerolíneas, ya que aunque ese valor fuese establecido en cero el Estado deberá hacerse cargo de las deudas de la compañía, de cuyo monto los miembros del Parlamento no tenemos noticias oficiales desde hace cinco años.
Ante la amenaza de que en nombre de la defensa de los intereses nacionales los costos de las irresponsabilidades empresariales y los descuidos gubernamentales sean pagados por todos los argentinos, la Coalición Cívica defenderá en el Congreso dos puntos innegociables: 1) la deuda del grupo Marsans debe pagarla el grupo Marsans, 2) el salvataje de Aerolíneas no debe servir para que mañana sea entregada a un amigo del Gobierno, lo que implicaría completar las dos reglas básicas del capitalismo de amigos: la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias.
En nombre del salvataje de Aerolíneas el Gobierno propone que se hagan cargo de ella Julio de Vido y Ricardo Jaime, responsables de su vaciamiento y culpables de que el Estado haya financiado a LAFSA, la única empresa aérea del mundo que no ha volado jamás. Por otra parte, resulta éticamente inaceptable que, aprovechándose de la angustia de miles de trabajadores y manipulando un nombre querido, el Gobierno intente engañar a la opinión pública para ocultar sus responsabilidades. He aquí, finalmente, lo que para el kirchnerismo significaba la redistribución del ingreso: fondos estatales para salud y educación destinados a levantar deudas privadas. He aquí lo que se entiende por defensa de los intereses nacionales: retenciones inconstitucionales y confiscatorias a los productores argentinos destinadas al pago de las deudas de un grupo español. Y he aquí la famosa intervención del Estado en la economía: vista gorda con un prolongado vaciamiento y complicidad en la licuación de sus consecuencias.
A medio año de su asunción, la Presidenta de la Nación debe hacerse cargo del cambio de las condiciones económicas y políticas en el país. Económicamente, ya no es posible seguir arreglándolo todo con subsidios que terminan generando una inflación que se está comiendo los haberes de los argentinos y es hoy el principal problema nacional. Políticamente, el Congreso ha dicho con claridad que está decidido a no seguir siendo una escribanía. Ojalá la Presidenta logre entenderlo y comprenda también que nadie puede ayudar a quien no se ayuda a sí mismo.