DERECHOS Y OBLIGACIONES

(publicado en el suplemento TEMAS de La Voz del Interior)

La mayor parte de los debates públicos nacionales depende de la extraña habilidad de los argentinos para instalar una antinomia en donde existen en realidad factores complementarios que más que repelerse se solicitan mutuamente. Han formado parte de las abundantes aventuras intelectuales locales varias dicotomías presentadas como opciones obligatorias y absolutas: república o justicia social, desarrollo o distribución, modernización o empleo, garantías constitucionales o seguridad pública, industria o servicios. Semejantes despropósitos se solucionan poniendo una "y" donde los polemistas gustan poner una "o", según el sabio consejo de la Chilindrina, aquel personaje de TV que a las preguntas del Chavo solía responder: ¡Las dos cosas! No hay justicia social sin república, distribución del ingreso sin desarrollo, empleo sustentable sin modernización del aparato productivo, seguridad pública sin garantías constitucionales, industria avanzada sin desarrollo de los servicios. Y el último capítulo del nutrido corpus antinómico local han sido las recientes expresiones de Mauricio Macri sobre que la Argentina del siglo 21 iba ser la de las obligaciones, y ya no la de los derechos. En verdad, es notable que el tema de la ciudadanía en Argentina sea invariablemente presentado en términos de derecho y nunca en el de obligaciones. Lo que el futuro intendente porteño parece olvidar es que es éste un saldo predecible en una sociedad cuyo estado ha cometido un aberrante crimen genocida. Dicho esto, es cierto que seguir insistiendo en los derechos olvidando las obligaciones tiene el inconveniente de sugerir que aquéllos son una invención de la divinidad o de la naturaleza y no una producción social determinada por el cumplimiento de obligaciones. Esta noción elemental, que es enseñada a los niños de los países avanzados inmediatamente después de la tabla del cuatro, está ausente en la sociedad argentina; acaso, porque es éste un país condenado al éxito que no precisa de minucias como el trabajo bien hecho, la responsabilidad fiscal y la ética política, que han hecho la fortuna de otros.
Una ciudadanía bien entendida es la que articula el reclamo de derechos con el cumplimiento de las obligaciones. Lamentablemente, en la Argentina de hoy, toda invocación en este sentido es descalificada por una versión local del pensamiento políticamente correcto cuya especialidad es denunciar a quien mencione la palabra "obligaciones" como justificador rentado de la opresión y la miseria. El resultado previsible es un país de derechos inalienables y deberes excusables, en el que la intangibilidad de los derechos humanos se limita al pasado o se reduce a la libertad de vocearlos por las calles como una variante laica de los mantras religiosos.
La democracia y la República no sólo se consumen, sino que se producen, y si no se producen, se sufre inevitablemente por su ausencia. Obligaciones y derechos no son pues contradictorios sino complementarios: éstos no pueden existir sin aquéllas, aquéllas son inútiles sin éstos. El estado nacional, a través de su política educativa y cultural, tiene un amplio terreno en el cual promover formas de convivencia y desarrollo democrático y republicano. Para ello, son precondiciones necesarias el fin de la identificación entre ciudadanía y nacionalismo –que crea una gran masa de festejantes de triunfos de la selección de fútbol, pero poco aporta en términos de cumplimiento de las obligaciones, ya sean fiscales, laborales o ciudadanas– y la renuncia al demagógico reemplazo de los ciudadanos argentinos por meros demandantes de derechos, es decir: por clientes.