QUÉ ES HOY EL INDUSTRIALISMO

CAMPO vs INDUSTRIA II

(LAS ZONCERAS ECONÓMICAS DEL STALINISMO-DÉBIL)

Publicado en la Revista "Noticias" 19 de julio 2008

Antes de continuar con la serie “Campo vs. Industria” creo oportuno hacer una aclaración sobre el primer artículo publicado (“Campo vs. Industria I”, en Revista Noticias), ya que la repetición de objeciones que he recibido referentes a un mismo punto indica que no logré expresar claramente alguna idea. Probemos de nuevo: “Campo vs. Industria” no intenta ser una crítica de la industria sino del industrialismo, es decir, de la idea obsoleta de que la industria (entendiendo por industria la creación de riqueza mediante el trabajo manual repetitivo en un contexto geográficamente localizado, o fábrica, aplicado a la totalidad de un producto y organizado bajo el modelo de la cadena fordista de producción) es la actividad económica más avanzada y, por lo tanto, la base necesaria del desarrollo de un país. De este descarte de las posiciones nacionalistas-industrialistas en plena era de la sociedad global del conocimiento y la información se deriva el rechazo, por obsolescencia manifiesta, de su principio económico derivado: la política de subsidio permanente y multiforme a la industria argentina con los recursos provenientes de otros sectores supuestamente “atrasados” de la economía nacional, en especial, del campo argentino.
Cuando se habla de redistribuir la riqueza desde el estado nacional suelen asociarse dos cosas bien diferentes. La primera, aceptada en todos los países que funcionan razonablemente bien -aunque con un distinto énfasis según el carácter más o menos socialdemocrático de sus gobiernos- es la que llamaría redistribución modelo Robin Hood, que consiste en quitarles a los más ricos (generalmente, mediante un impuesto a las ganancias progresivo y no por impuestos distorsivos) para darles a los más pobres (generalmente a través de una educación y una sanidad eficientes y mediante sistemas de asistencia social universales y no clientelistas). El otro esquema, al que denominaría modelo Alí Babá, consiste en quitarle a los sectores competitivos con la excusa de que ganan demasiado para darles a los no competitivos con la excusa de que de otra manera quebrarían, atándolos a un sistema de beneficios clientelista y prebendario a la espera de que alcancen la mayoría de edad, lo que por supuesto jamás sucede cuando las ganancias no dependen de las inversiones en tecnología sino de la capacidad de lobby en los despachos oficiales. Y bien, este modelo sólo lo aplican pocos países (el ejemplo arquetípico son los subsidios a la agricultura en los países avanzados), siempre con altos costos sociales y a condición de que la competitividad de los demás sectores sea tan extraordinaria como para permitirlo (lo que es cada vez menos el caso en Europa, motivo por el cual el tema de los subsidios agropecuarios está creando tensiones permanentes entre Francia, principal beneficiaria, y el resto de la Unión Europea).
Los intentos de intervención del Estado no dirigidos a redistribuir la riqueza sino a determinar desde las burocracias políticas nacionales y con independencia de los criterios de competitividad y productividad los sectores económicos preferenciales para el desarrollo de un país, han llevado a la Argentina a una absurda paradoja: después de décadas de polémica sobre si había que fabricar caramelos o acero las dos principales empresas industriales argentinas con capacidad competitiva a nivel mundial (Arcor y Techint) fabrican, precisamente, golosinas y derivados industriales del acero. Pocas cosas más concluyentes pueden decirse en contra de los supuestos zombies que Ulrich Beck denominó “o-esto-o-aquello”, según los cuales el perjudicar a un sector es -suma-cero mediante- lo mismo que apoyar a los otros.
De más está decirlo, estos postulados jamás demostrados son hoy también el sostén implícito del planteo populista según el cual imponer tasas confiscatorias al campo es óptimo para el desarrollo de la industria. Basta ver el impacto que han tenido los últimos cuatro meses en los niveles de ocupación del interior del país, en el nivel de actividad de la construcción en sus pueblos y ciudades, en el transporte y –sobre todo- en el tejido de industrias agroalimentarias y metalúrgicas crecidas al calor del boom agrícola, para descartar dos afirmaciones zombies que el industrialismo argentino ha diseminado como verdades indiscutibles: que el campo es incapaz de generar suficiente empleo y que su creciemiento sea antagónico, de alguna manera, con el desarrollo del sector industrial.
Nadie puede oponerse al desarrollo de una industria avanzada en Argentina, es decir: de una industria no industrial, basada en la ciencia y la tecnología, esto es, basada en el trabajo intelectual y no en el esfuerzo físico. Pero tampoco nadie puede desconocer los efectos previsibles y ya comprobados en el país de aquellas políticas que inmortalizó la consigna alfonsinista de “levantar las persianas de las fábricas cerradas”, es decir: de apostar por el cortoplacismo de una industria no competitiva financiada con el dinero de otros sectores y con el expolio de los consumidores del país. Si lo ocurrido en 1975 y 1989 ha de servirnos para algo, hay que decir que estas políticas tienen un final previsible: un cierre de industrias obsoletas no paulatino y por reconversión sino por muerte súbita mediante los shocks aperturistas que suelen seguir al naufragio de la macroeconomía populista, para espanto de los trabajadores del país, hartos de ir de la sartén al fuego y viceversa.
Pero el conflicto en curso del Gobierno con el campo argentino ha sido excepcional para mostrar no sólo dramática la obsolescencia del industrialismo sino la abundancia de pseudonociones económicas que infesta como una plaga el campo del pretendido progresismo local. De manera que acaso sea tiempo de considerar algunas de las afirmaciones que los economistas neodesarrollistas (uso el término en el sentido de “nacionalistas-industrialistas”) proclaman en estos tiempos con el aire de verdades consagradas. La mayoría de ellas se basa en los dos trucos favoritos del populismo: presentar como contradictorios a elementos que un mínimo análisis revela complementarios y plantear dilemas irrelevantes que impiden considerar los verdaderos problemas en cuestión.

GRANDES vs CHICOS

La más acríticamente difundida de estas zonceras es la que enfrenta a los productores grandes con los productores chicos, delirante aplicación de la lucha de clases al campo agrario que haría sonreír con desprecio a Carlos Marx. Por razones psicológicas similares a los que llevan a todo espectador neutral a simpatizar con el equipo más débil parece haberse instalado la noción de que la existencia de productores pequeños es –por sí misma- una bendición para el país, en tanto que los productores grandes constituyen una fuerza demoníaca que es necesario extirpar mediante una apropiada persecución. Ya sea bajo el argumento de la “concentración” como el del “monopolio” se han hecho aquí afirmaciones que bordean el ridículo, no sólo acerca de la problemática supervivencia de pulpos en el campo sino de monopolios de “apenas algunos miles de productores” (sic). Y bien, si la etimología no es una opinión, los monopolios suelen ser de uno y no de miles. Por otra parte, basta pensar lo que sucedería en Alemania si al gobierno de Angela Merkel se le ocurriese perseguir a los cuatro-cinco grandes fabricantes de automóviles alemanes en nombre de quién sabe cuál precepto pseudoeconómico del neopopulismo argentino para descartar que el desarrollo de conglomerados productivos de gran escala signifique necesariamente el empobrecimiento del país o del resto de los productores, que en todo el mundo saben encontrar la forma de ser complementarios con una economía en que los grandes suelen operar como agentes de innovación organizativa y tecnológica y de desarrollo infraestructural.
Según los datos disponibles, los cincuenta mayores pools de siembra argentinos controlan hoy entre un 6% y un 10% de la superficie de cultivo, en tanto los cinco más grandes llegan a aproximadamente el 2% del total. El total de productores agropecuarios supera, además, el número de 70.000. De manera que cuando el Gobierno sostiene que el 2% de los productores agropecuarios concentra el 50% de la producción agropecuaria no hace más que falsear la verdad: ese 2% de los productores agropecuarios son al menos 1.500 productores. Digámolso entonces correctamente: el 50% de la producción agropecuaria está distribuida en más de 1.500 productores. ¿Qué otra actividad económica de gran escala puede mostrar un grado de desconcentración y descentralización en Argentina? No, seguramente, las industriales, en las que los diez productores más grandes de un sector cualesquiera rara vez están por debajo de concentrar el 90% de la producción. Basta aplicar al campo la misma vara con la que se mide hoy a otros sectores económicos nacionales para descartar que la concentración o la monopolización sean problemas reales para el sector agropecuario argentino.
Por otra parte, aquí, allá y en todas partes las empresas que crecen gracias a su eficiencia son respetadas por los gobiernos con la sola condición de que paguen sus impuestos, no violen las leyes laborales y ambientales y no formen monopolios u oligopolios; situaciones –todas estas- que dependen de la eficacia y transparencia del estado. En efecto, ¿de quién es la responsabilidad de que algunos sectores agropecuarios no paguen sus impuestos ni respeten las leyes laborales y ambientales, como acusa el Gobierno, si no del kirchnerismo, que desde hace cinco años concentra todos los resortes del poder pero es incapaz de acabar con los problemas que hoy denuncia como si la institución presidencial fuera una forma más del periodismo? ¿Por cuál motivo se ocupa tanto el actual gobierno en denunciar los supuestos monopolios de miles de productores (sic) en tanto sigue permitiendo que dos empresas que en realidad son hoy una sola hayan dividido el país en dos para mejor monopolizar el mercado telefónico? ¿No había sido la ruptura del monopolio, entonces estatal, un argumento decisivo a favor de la privatización de las comunicaciones? No se entiende. Y tampoco se entiende que el industrialismo, que en pleno apogeo de la sociedad del conocimiento y la información sigue creyendo que el destino del país está en el trabajo manual, continúe glorificando las grandes acerías, los altos hornos y la industria pesada que –por definición- son actividades de grandes unidades productivas, capital hiperconcentrado y economía de escala, en tanto demoniza a los pooles de siembra y a los grandes productores agropecuarios. Sus propuestas de un campo argentino compuesto exclusivamente por pequeños productores es una apuesta deliberada por el fracaso, y se asemeja más a las versiones locales de una Arcadia pastoral que a cualquier modelo exitoso de desarrollo existente. ¿Dónde se ha visto que un esquema como éste funcione bien en otra parte del mundo sin recibir enormes subsidios que compensen su ineficiencia estructural?
Así, no conformes con seguir intentando inventar la rueda, los economistas del neopopulismo argentino siguen inventándola cuadrada. La concentración de la producción en pocas manos, es decir: el hecho de que el que un 20% de los productores de un mercado dado tiendan a producir el 80% de la riqueza (y, por lo tanto, el otro 80% sólo produzca el restante 20%) fue analizado, hace ya siglos, por el señor Pareto. Lo aprenden los estudiantes apenas después de cruzar el hall de ingreso de la facultad de economía. Esta tendencia a la concentración depende sobre todo de la tendencia a la acumulación del capital que se deriva de la economía de escalas. Brevemente: por las mismas razones por las cuales una fábrica que produjese una sola heladera por día o un restaurant de una sola mesa son económicamente inviables, la moderna producción agraria, hipertecnificada y de alto contenido en capital e información, sólo es eficiente por encima de un nivel mínimo de hectáreas cultivadas bajo el control de la misma unidad productiva, lo que permite disminuir costos y riesgos diversificando territorios y compartiendo equipo, tecnología y know how. Es esto lo que sucede en el campo argentino y no argentino, como bien muestra el fracaso de procesos políticamente correctos como la revolución agraria boliviana, que al hundir a Bolivia en el minifundismo trajo aún más miseria de la que intentaba desterrar.
En todo caso, sí son necesarias políticas diferenciales que permitan la subsistencia de las Pymes agrarias frente a la competencia de los grandes pooles; pero esto no se consigue destruyendo a los grandes sino ayudando a los pequeños y medianos a desarrollarse, especialmente: corrigiendo asimetrías de escala con la colaboración de las organizaciones rurales y las agencias del estado, y promoviendo actividades de alto conocimiento agregado y aportes a la cadena de valor como la cría de ganado y la lechería. He aquí una vía para una intervención inteligente del estado que sepa aprovechar los mecanismos del mercado en lugar de remar infructuosamente contra ellos en nombre de un progresismo anacrónico entendido como anticapitalismo; un pseudoprogresismo que está acabando en el país con la lechería y la ganadería a través de la aplicación de precios máximos y restricciones a las exportaciones mientras se queja al mismo tiempo de la concentración inevitablemente consecuente con políticas de este tipo. Se trata de un progresismo sin progreso que hoy pretende acabar con la sojización destruyendo la rentabilidad de la soja como ayer hizo con la de la carne y la leche, en un círculo vicioso derivado de la idea zombie de suma-cero según la cual destruir a un sector es ayudar a los demás a desarrollarse.
Ahora bien: consideremos ahora el argumento moralista contra los grandes productores. Supongamos que un productor chico, propietario de pocos campos, trabaja mucho y bien, es eficiente, y obtiene buenas cosechas. Pongamos además que el hombre es un patriota que invierte en este ríspido país en lugar de comprar divisas extranjeras, apostar en la Bolsa o comprar casa en Punta del Este. Es de esperar que después de algunos años o décadas de desarrollarse gracias a su idoneidad y esfuerzo haya pasado de ser un productor chico a ser un productor mediano, primero, y grande, después. Ahora bien: ¿en qué momento nuestro bravo argentino se ha transformado en un traidor a la Patria? ¿Qué debería hacer con el dinero obtenido de sus cosechas, invertirlo en lo que mejor sabe hacer o poner –digamos- hoteles en tierras fiscales de Calafate y máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo?

Finalmente: ¿quiere esto decir que el estado debe abandonar toda intervención en el tema de las dimensiones de las unidades agropecuarias? No, y por buenas razones, primera de las cuales es la importancia de los pequeños productores en términos de ocupación del territorio, generación de puestos de trabajo, sustentabilidad paisajística y desarrollo familiar y social. Son excelentes motivos por los cuales los agricultores son apoyados con créditos en todas partes del mundo (Brasil acaba de destinarles 48.000 millones de dólares a tasas preferenciales), en tanto se los diezma en Argentina. Por otra parte, el impacto degradante que tendría una nueva ola migratoria del campo a la ciudad sobre los ya saturados suburbios de las grandes metrópolis argentinas (los casos de Buenos Aires y Rosario son los más preocupantes) aconsejan una intervención del estado a favor de las pequeñas unidades agrarias, especialmente las de tipo familiar. Al mismo tiempo, esa intervención no debería basarse principalmente en subsidios sino en proveer a las Pymes de crédito en pesos a tasa fija y razonable, previsibilidad macroecnómica, seguridad y modernización jurídica, apoyo tecnológico e infraestructura decente (trenes de carga y no trenes bala, por ejemplo) que les permitan compensar las ventajas competitivas que otros obtienen por economía de escala, y en brindar a las familias del interior niveles de infraestructura sanitaria, hospitalaria y educativa de alta calidad, dejando en manos de los intendentes y gobernadores elegidos por ellos mismos la mayor parte de los recursos destinados a financiarlos, en lugar de girarlos a la gran caja unitaria central.
Una política de sustentabilidad preferencial hacia los pequeños y medianos productores debe ponerlos a salvo de lo que ellos mismos llaman “corrupcidios” (subsidios + corrupción), es decir: del clientelismo de clase media que es parte intrínseca del proyecto agropecuario kirchnerista, lo que permitiría a todos seguir siendo ciudadanos y no clientes ni súbditos, para vivir con dignidad. Al mismo tiempo, no es recomendable ni justo que un régimen de apoyo preferencial los ponga completa y eternamente a salvo de las exigencias de productividad y competitividad intrínsecas a toda economía capitalista, o que el mismo carezca de un límite presupuestario en un país en el cual siguen faltando insumos en los hospitales y gas en las escuelas. En suma, que el truco de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, que tantas veces el sector industrial argentino usufructuó a expensas del campo, no debe ser confundido con una política agropecuaria moderna y progresista ni siquiera para el caso de los pequeños productores rurales; productores que, como todos, deben hacerse cargo de los riesgos propios de su actividad, cosa que estaban haciendo con notable eficiencia hasta que el Gobierno se propuso incorporarlos a su modelo de clientelismo extendido a la clase media rural.

FINANZAS vs PRODUCCIÓN

La segunda zoncera que se ha escuchado en estos días por todas partes es la demonización de los pooles de siembra, acusados por tirios y troyanos de ser la encarnación de la patria financiera en el ámbito rural. Ahora bien, supongamos que un matrimonio argentino cualesquiera ganase –según su declaración jurada- un millón y medio de pesos en un solo año actividades especulativas finacieras, digamos: plazos fijos y un fideicomiso inmobiliario. ¿Cuánto ha pagado de impuestos por estas ganancias ciertamente extraordinarias en la Argentina K? Nada. Supongamos ahora que deciden invertirlos en uno de los sectores productivos de gran escala más avanzados del país: el agropecuario. Para hacerlo se asocian con otros inversores, contratan una consultora técnica y arriendan campos en los cuales sembrar –digamos- soja. He aquí que se ha formado un demoníaco pool de siembra. ¿Cuánto pagan de impuestos? La respuesta es: 48% de impuestos a la producción (retenciones) más ganancias, ingresos brutos y todos los demás, con una carga fiscal cercana al 70% de las ganancias. No es todo. El matrimonio presidencial, en un curioso acto de doble personalidad, lo acusaría de ser la patria financiera en el campo.
¿Tiene algún sentido que se acuse a los pooles de ser la patria financiera en el campo cuando en realidad son la forma que los inversores de riesgo genuinos han encontrado para ganar dinero y la manera en que muchos productores, incluidos los pequeños y medianos, logran financiarse ante la falta de un sistema de crédito bancario razonable, ya sea a nivel privado o estatal? ¿No se soluciona el problema fiscal de los pooles de siembra tasando a los fideicomisos que forman parte de su estructura financiera, medida que debería aplicarse no sólo en el ámbito agropecuario sino extenderse a todas las rentas financieras del país? ¿Cómo es posible que quienes han invertido en el internacionalmente competitivo campo argentino paguen impuestos confiscatorios, los más altos del mundo para el sector rural, y sean acusados de avaros y angurrientos, en tanto quienes invierten en cualquiera de las mil formas de la timba financiera argentina pagan cero impuestos por sus ganancias y mientras sectores obsoletos subsisten gracias a subsidios financiados con los impuestos que paga el campo, en tanto son izados por el Gobierno a la heroica categoría de “burguesía nacional”?

Finalmente: en estos últimos años: ¿no ha sido el sector agropecuario, pequeño, mediano y grande, la mejor expresión de la “burguesía nacional”, es decir, de un grupo de capitalistas locales interesados en ganar dinero en la producción, y no en las finanzas, y de reinvirtir sus ganancias en el país y no en el exterior, lo que ha provocado con su auge un resurgimiento notable del empobrecido interior nacional? He aquí la realidad que el delirio industrialista-nacionalista le impide ver al gobierno de Cristina Kirchner.
La demonización de los pooles de siembra no es más que una forma del anticapitalismo idealtípico del stalinismo-débil. Más paradójico aún es que sea impulsada por el matrimonio Kirchner, la empresa con la rentabilidad extraordinaria más alta del país, que ha aumentado de los $6.732.016 de patrimonio declarados en 2003 a los $17.824.941 declarados en 2007. Esto significa más de once millones de incremento obtenidos al mismo tiempo que se ocupaban de administrar la Argentina, con una triplicación del patrimonio que bien desearían los productores rurales. ¿Habrán pagado los Kirchner por estas ganancias los mismos impuestos que hoy le exigen a los piquetes de la abundancia? ¿Y cuánto habrán abonado de impuestos en 2002, el año de mayor incremento del patrimonio K, obtenido por el expediente de sacar 1.815.274 pesos del país en 2001, es decir: antes del corralito y la devaluación, y depositarlos en una cuenta en dólares del Deutsche Bank? Finalmente, ¿cuánto han pagado bajo la legislación fiscal de su propio gobierno por los 5.781.195 pesos en que han incrementado su patrimonio durante el año 2007, con un aumento de 46% sobre el declarado un año antes? Desde luego, nadie niega a los Kirchner su derecho a hacer con su dinero lo que crean conveniente, que eso y no otra cosa es el capitalismo, pero harían bien en dejar de dar al campo irritantes lecciones de austeridad y generosidad.

EL SALÓN DE LAS OPORTUNIDADES PERDIDAS

Publicado en la Revista "Noticias" 12 de julio de 2008

La madrugada del sábado, la Cámara de Diputados tenía los votos suficientes para rechazar la ratificción de la 125. Si eso hubiera sucedido, habría pasado a considerarse el proyecto de once bloques opositores que pedía su suspensión por 150 días, la recuperación de las potestades impositivas del Parlamento y la apertura de un diálogo que permitiera consensuar un programa agropecuario nacional. Habían pasado apenas tres meses desde que la Cámara votara negativamente (132 a 26) un proyecto similar para la derogación de la 125, elevado entonces por Adrián Pérez (Coalición Cívica) y secundado por los presidentes de bloque de la UCR, el PRO y el Frejuli.
Fueron meses duros. En lo personal, meses de apoyar las movilizaciones de los porteños que sostenían al campo, de sufrir amenazas y desmentir acusaciones de piqueteros de cuyos nombres no quiero acordarme, y de una exposición mediática permanente que tuvo el fruto, impensable hace pocos meses, de que el oficialismo perdiera el apoyo de la opinión pública gracias al trabajo incesante de la oposición. Sin embargo, a pesar del proyecto unánime de los 11 bloques y los 88 diputados la gran prensa seguía insistiendo en que la oposición estaba desunida y no tenía proyecto. Y hasta las entidades rurales se desmovilizaron y nos dejaron solos, acaso creyendo que no había esperanza o que el trámite parlamentario de una ley excluye el derecho de los ciudadanos a peticionar a las autoridades que consagra el artículo 14 de la Constitución.
A pesar de todo, los votos estaban. Los bloques opositores habíamos hecho nuestros contactos y los números eran coincidentes. Se ganaba por dos votos o tres. Pero a eso de las tres de la mañana, cuatro o cinco diputados con los que teníamos diálogo dejaron de responder el teléfono y empezamos a temer lo peor. A las cuatro, la presencia antirreglamentaria de un funcionario del Ejecutivo en el recinto reavivó esos malos presentimientos, confirmados por la votación final. De manera que a mediodía hubo que aceptar la victoria a lo Pirro del oficialismo y cantar el Himno con el alma en pena. Atrás quedaban los diputados durmiendo en los sillones del Salón de los Pasos Perdidos, la bronca de tener que hablar a los gritos para hacerse escuchar entre los insultos de la barra oficialista y la impotencia que se siente frente a un poder hegemónico y decadente. Atrás quedaban diecinueve horas de debate. Ni una sola palabra se había dicho en ese debate en contra de las retenciones, sino de estas retenciones; arbitrarias, inconstitucionales y confiscatorias. Ni una sola palabra se dijo en ese debate contra la redistribución de la riqueza. Atrás quedaba también, para el Congreso y para el gobierno de Cristina Kirchner, una enorme y desperdiciada oportunidad.

"QUIEN TIENE LA CULPA DEL HAMBRE DEL PAÍS, SI EL CAMPO PRODUCE ALIMENTOS..."

Discurso del Dip. Fernando Iglesias en el Congreso 5 de julio de 2008

Señor presidente: voy a tratar de hacer el esfuerzo de ser lo más breve y claro posible para decir las cosas que quiero decir sin ser irritante. Quisiera hablarles a todos los presentes, a los diputados de la oposición pero también y sobre todo a los del oficialismo.
El gobierno dice que le saca al campo para alimentar al país. Sobre esto hay cifras muy claras: el campo produce alimentos para 300 millones de personas y la carga fiscal que paga ya era en el año 2005, es decir, cuando era mucho más baja, superior al 25 por ciento.
Si no hago mal las cuentas, esto quiere decir que todos los años el gobierno nacional le saca al campo el valor para alimentar gratis a 75 millones de personas, es decir, dos veces la población nacional.
Por eso me pregunto quién tiene la culpa del hambre del país, si el campo produce alimentos...
- Manifestaciones en las galerías.
Sr. Iglesias.- ... si el campo produce alimentos para 300 millones de personas y sus productores cobran por ellos valores que crecen mucho menos que la inflación.
El gobierno también dice que pone retenciones para bajar el precio interno de los alimentos. Pero de los cuatro productos de los que estamos hablando, maíz, soja, trigo y girasol, el que paga las retenciones más altas -48 por ciento- es la soja, que no se come en la Argentina, y el que paga las retenciones más bajas es el trigo -27 por ciento- que es con lo que se hace el pan de los argentinos. Yo me pregunto entonces si las retenciones son para que baje el precio de los alimentos.
El gobierno dice que son para redistribuir la riqueza, pero desde que comenzó este gobierno la relación entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre de los argentinos es de 28 a 1, es decir, una relación peor que en el terrible 2001 del gobierno de De la Rúa.
Esto quiere decir que la mejora de las condiciones de los más pobres, que nadie niega, se ha dado simplemente por la mejora de la macroeconomía y por el famoso efecto derrame. Un derrame que en los últimos dos años, por causa de la inflación, ha llevado a que el país creciera el 8 por ciento y también crecieran la pobreza y la indigencia. Por la inflación, hemos pasado del derrame a la sequía.
El gobierno dice que le quita a los chacareros y que lo va a devolver. El campo sabe que no se devuelve nunca, o bien se lo hace tarde, poco y mal. En el campo no quieren que les saquen lo que le van a devolver porque no quieren ser súbditos ni tampoco clientes: quieren ser ciudadanos. (Aplausos.)
- Aplausos y manifestaciones en las galerías.
Sr. Iglesias.- No es solamente una cuestión de billetera, sr. Presidente, sino de dignidad. Muchas veces he criticado al peronismo, pero también he reconocido que ha tenido el indudable mérito de incorporar a los trabajadores y al interior oscuro del país a la vida nacional. Por eso, esto es algo que los peronistas deberían comprender perfectamente.
El gobierno parece creer que si destruye la soja crecerán la carne y la leche. El campo sabe que se destruyó primero la carne y la leche y el campo se refugió en la soja. Y hora le quieren quitar el último refugio que tenía. El gobierno cree que destruir a los grandes favorece a los chicos, pero en la Coalición Cívica creemos que se favorece a los chicos apoyando y ayudando a los chicos y no destruyendo a los grandes. En la Coalición Cívica creemos que un gran país, la Argentina grande que San Martín soñó, como dice una famosa marcha, se hace con los pequeños, con los medianos y con los grandes. (Aplausos.) Con dos condiciones: que paguen un impuesto a las ganancias alto y progresivo, para que la riqueza se pueda redistribuir, y que además ese impuesto sea coparticipable, para que llegue también al interior.
El gobierno dice que el campo es avaro y angurriento. El campo pagaba ya 35 por ciento de impuestos a la producción, que significan básicamente un 70 u 80 por ciento de impuesto sobre las ganancias. Yo quisiera que antes de votar todos los diputados se preguntaran cuál es el sector productivo no extractivo que en la Argentina paga los impuestos más altos. (Aplausos.) Porque no se entiende, señor presidente, que el sector agropecuario que paga los impuestos más altos en el mundo sea avaro y angurriento, y que los que viven subsidiados por esos impuestos sean los grandes héroes de la Patria.
Señor presidente: yo vengo del marxismo, y en los años 70 discutía con la gente de la Jotape sobre la burguesía nacional. No sé si me han convencido, pero si es que existe la burguesía nacional no veo ninguna expresión más parecida a ella que el sector agropecuario argentino: con sus pequeños, medianos y grandes productores que quieren ganar dinero produciendo y no especulando, y que quieren reinvertir en sus empresas, en el campo y en el desarrollo del país, y no especular poniendo la plata en cuentas en Suiza.
Si el campo no es la burguesía nacional, la burguesía nacional, ¿dónde está?
Sr. Coscia.- A costa de los trabajadores.
Sr. Iglesias.- Me sorprende, señor presidente, que se hable tanto de la explotación de los trabajadores rurales. Desde luego que desde la Coalición Cívica apoyaremos todas las iniciativas del diputado Coscia y del doctor Recalde ‑que ya se expresaron en la Comisión de Agricultura y Ganadería‑ para disminuir el trabajo en negro en todo el país. Pero nos parece que si hay trabajo negro en el campo y en el país –y hay mucho, ya que está por encima del 40 por ciento según las cifras del propio INDEC‑, la responsabilidad seguramente no es de la oposición sino de un oficialismo que desde hace cinco años gobierna, y al que nosotros vamos a apoyar si toma medidas en este sentido.
- Aplausos y manifestaciones en las galerías.
Sr. Iglesias.- Y quiero hacer otra cuenta más, señor presidente. Supongamos que un matrimonio cualquiera, no hagamos nombres para no ser irritantes, hubiese ganado en el último año 1.171.000 pesos de intereses por plazos fijos y 352 mil pesos en un fideicomiso inmobiliario. ¿Cuánto hubiera pagado este hipotético matrimonio por esa ganancia de un millón y medio de pesos por el fideicomiso inmobiliario y por intereses del plazo fijo? La respuesta es cero, porque en la Argentina de hoy no se pagan ganancias por la renta financiera.
Pero si en vez de invertir en la renta financiera ese matrimonio hubiera invertido en el sector productivo más avanzado del país, hubiera tenido que pagar 48 por ciento de retenciones y les hubieran dicho que eran la patria financiera aplicada al campo.
Señor presidente: el oficialismo dice que ha hecho correcciones a no sé qué cantidad de artículos, y yo confío en la buena fe de los legisladores que lo han hecho. Pero el artículo 2º de la norma que se quiere sancionar hoy le da plena soberanía al Ejecutivo para cambiar todo esto el día de mañana. Por lo tanto, todas esas modificaciones que se han hecho son inútiles, ya que mañana el Poder Ejecutivo, sin consultar al Congreso, puede nuevamente volver la situación donde estaba. Y esto es una delegación inaceptable de los poderes del Parlamento nacional.
Señor presidente: Las banderas de la burguesía nacional, del federalismo y del país productivo contra la patria financiera, han sido históricamente las banderas del peronismo. Yo he criticado y seguiré criticando al peronismo por muchísimos aspectos de su tradición, pero creo que estas banderas, las de la burguesía nacional, el federalismo y el país productivo han sido parte de la contribución histórica del peronismo al país.
- Manifestaciones en las galerías.
Por eso, sr. Presidente, voy a concordar por primera vez con el dr. Néstor Kirchner y les voy a pedir a los diputados del oficialismo que pongan lo que hay que poner, y que cuando voten lo hagan pensando en quiénes los eligieron, en por qué los eligieron, y en bajo cuáles banderas los eligieron. Muchas gracias, sr. Presidente.

Ver video: http://www.truveo.com/Dip-Fernando-Iglesias-Sesi%C3%B3n-4-de-Julio-2008/id/3088335942

EL MODELO REDISTRIBUTIVO ALÍ-BABÁ

Publicado el Diario "Critica" 2 de julio de 2008

Cuando el Gobierno afirma ser la moderna reencarnación de Robin Hood dice dos mentiras. La primera mentira es que les saque a los ricos. La segunda mentira es que les dé a los pobres. El Gobierno le saca sobre todo a los pobres cuando les sube las retenciones a los pequeños productores agropecuarios, cuando se olvida de sus promesas de reforma fiscal y sigue haciendo que la leche para los pibes pague el mismo 21% de IVA que las carteras Vuitton, cuando prorroga indefinidamente el impuesto al cheque que castiga a las Pymes y cuando continúa políticas económicas que aumentan la inflación y se comen los ingresos de los asalariados. En segundo lugar, que el Gobierno le saque a los ricos es también falso. ¿Cuánto pagan de impuesto a las ganancias en la Argentina K quienes los obtienen de la renta financiera? Nada. ¿Pueden compararse las retenciones con que el Gobierno quiere someter a los angurrientos chacareros con los que paga el generoso Cristóbal López, empresario K especializado en la dura tarea de cosechar las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, concesión prorrogada hasta 2032?
Que el Gobierno les dé a los pobres es también una falsedad. Si fuera cierto, este último año la pobreza no hubiera alcanzado nuevamente a más del 30% de los argentinos por culpa de una inflación superior al 25%, ni la brecha de ingresos seguiría oscilando alrededor del 28 a 1 que dejaron la crisis y el desastre duhaldista del 2002. Hasta los datos del INDEK de Moreno demuestran que la mayor parte de los ingresos obtenidos aumentando las retenciones han ido a parar a subsidios y no a planes sociales (cuatro mil millones de dólares contra catorce mil millones, para ser precisos), entre ellos: los que financian los trenes suburbanos y el proyecto faraónico del tren bala, los que cobra Moyano para perfeccionar las capacidades conductivas de sus muchachos, los que se llevan los D’Elía y los Pérsico, y el aparato de los intendentes del conurbano, y los negocios bolivarianos de los ministros, y los Rudy Ulloa y otros amigos del poder que disponen de inexplicables millones para comprar aerolíneas, clarines, repsoles y telefés.
Es cierto que el Gobierno está redistribuyendo la riqueza, sólo que no lo hace como Robin Hood sino según el modelo redistributivo Alí-Babá: no les saca a los ricos para darle a los pobres sino que les quita a los que trabajan e invierten en el país para darles a los obsecuentes que viven al calor de la caja oficial. Ni qué decirlo, el primer gran beneficiario es la empresa con más alta rentabilidad de la Argentina, el matrimonio K, que pasó de $6.732.016 de patrimonio declarados en 2003 a $17.824.941en 2007. Esto significa más de once millones de incremento obtenidos por los Kirchner mientras se ocupaban simultáneamente de administrar el país, con una triplicación del patrimonio que bien desearían los productores rurales. ¿Habrán pagado los Kirchner por estas ganacias ciertamente extraordinarias los mismos impuestos que hoy le exigen a los piquetes de la abundancia? ¿Y cuánto habrán abonado en 2002, el año de mayor incremento del patrimonio K, obtenido sacando 1.815.274 pesos del país en 2001, antes de la devaluación, y depositándolos en una cuenta en dólares del Deutsche Bank?
La práctica de quitarle a quienes son competitivos porque invirtieron en tecnología para darles a los que no lo son porque compraron casa en Punta del Este, la idea de que invertir en uno de los sectores productivos más avanzados del país es participar de alguna forma de la timba financiera y el hábito de quitarle a las productivas hormigas para alimentar las parasitarias cigarras parece ya formar parte de alguna forma idiota de la idiosincracsia nacional. Se trata del modelo redistributivo Alí-Babá, que no es, como pretenden hacernos creer, una especialidad turca.
Desde luego, nada hace pensar que la situación vaya a cambiar después de los recientes anuncios de Cristina Kirchner. Que sean los ministros del Gobierno (y no -como manda la Constitución- los diputados y senadores) los encargados de fijar los impuestos al comercio exterior; y que el encargado de manejar los findos sea nada menos que Julio de Vido (y no los gobernadores e intendentes del interior) constituye la mejor garantía de que las promesas hechas para justificar ante la opinión pública las exacciones al campo destinadas a llenar la caja kirchnerista tendrán el mismo destino que el programa de “nueva política-país en serio-redistribución de la riqueza” que inauguró hace cinco años el matrimonio K, con resultados que no hace falta mencionar.

EL CONSENSO DE GANDHI

Publicado en Revista "Contraeditorial" de "Veintitres" junio 2008

El indisimulable documento de apoyo al Gobierno firmado en la librería Gandhi por 750 intelectuales, cifra verdaderamente impresionante, merece incluirse en los anales de lo que los propios firmantes denominarían, si no estuvieran directamente implicados, el modo de intervención del intelectual orgánico. Basta un breve repaso a la lista de nombres para encontrar funcionarios del Poder Ejecutivo, rectores universitarios, directores de organismos oficiales y periodistas de los medios de difusión controlados por el kirchnerismo. Y bien: nadie cuestiona su buena voluntad ni su derecho a expresar ideas tan cercanas a la ideología oficial, pero quienes hacen una profesión de la denuncia de la mala fe ajena se han perdido ahora una enorme oportunidad de demostrar en la práctica su independencia frente a los poderes consolidados, comenzando por los del sacrosanto estado nacional, supuesta encarnación del Bien sobre la Tierra.
Tienen razón sin duda los 750 firmantes cuando señalan que su documento se encuadra en el marco de una “dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes”. Menos claro es cuáles sean estos sectores, que para millones de argentinos no son los productores agropecuarios ni la oposición sino los integrantes de ese vasto iceberg corporativo del que el Pejota es sólo la parte más visible. Es este verdadero núcleo duro de poder compuesto por sus choferes y testaferros, sus intendentes del conurbano, sus barones de las provincias feudalizadas, sus empresarios amigos, su burocracia sindical y sus patotas, en suma: por el formidable aparato clientelar que hoy le toca liderar a los Kirchner y mañana quién sabe a quién, los que se han llevado puesto al país y las esperanzas de sus ciudadanos y los que conforman hoy la única oligarquía realmente existente; una oligarquía mucho peor que la vacuna de inicios de siglo, una oligarquía que no ha puesto a la Argentina en el campo de los milagros mundiales sino en el de los fracasos mundialmemente inexplicables y que ha logrado el vergonzoso récord de que después de 25 años de democracia sin república el país sea hoy aún más pobre, atrasado y socialmente injusto que el que dejó la dictadura en 1983.
Se equivocan los 750, en cambio, cuando sostienen que quienes somos críticos del kirchnerismo nos oponemos a “un gobierno democrático que intenta reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía”. A lo que nos oponemos –yo, por lo menos- es a una distribución de la renta que no sigue el modelo Robin Hood, que le quitaba a los ricos y le daba a los pobres, sino el modelo Alí Babá, que le quita al sector productivo más competitivo y dinámico del país (y que lo es porque reinvierte sus ganancias en mejoras tecnológicas mientras buena parte de los otros compran dólares, casas en el country y chalets en Punta del Este) para aumentar los subsidios a sectores vergonzosos -como los que administran los trenes suburbanos, dilapidarlos en sobreprecios escandalosos -como los de los gasoductos otorgados a Skanska, darle millones al Sindicato de Camioneros para “programas de perfeccionamiento conductivo”, juntar los 300 millones de dólares con que Rudy Ulloa intenta quedarse con Telefé, prorrogarles hasta 2032 las concesiones de las máquinas tragamonedas a Cristóbal López, financiar los 4.900 millones del faraónico tren bala y mantener a la vasta cohorte de los Curto y Jotahecé y a las patotas de D’Elía y Pérsico, entre otras delicias.
A lo que nos oponemos la mayoría de nosotros no es a la intervención del estado en la economía sino a las intervenciones zombies del estado en la economía. Una intervención inteligente del estado en la economía es la adoptada en el tema de las carnes por el gobierno de Uruguay: libertad de exportación de los cortes especiales, como el lomo, restricción absoluta para los cortes populares, como el asado, y libertad de precios. El resultado previsible es que hoy el pequeño Uruguay aumentó sus existencias ganaderas y exporta tantas carnes como la inmensa Argentina, en tanto el lomo está más caro y el asado más barato en las carnicerías orientales que aquí. Una intervención zombie del estado en la economía es la adoptada en el tema de las carnes por el gobierno argentino, con el gangsteril Moreno cerrando las exportaciones, amenazando con cortarles la cabeza a los productores desde las cercanías del palco presidencial y con D’Elía a cargo de apretar a la red comercial. El resultado, también previsible, es la pérdida de mercados y puestos de trabajo, carestía del asado y subsidios al lomo, liquidación de vientres y sojización.
Muchas otras afirmaciones de los 750 son escandalosas por su tendenciosidad: los productores rurales no se oponen a las retenciones (de hecho ya pagaban el 35% previas a otros impuestos antes de la genial intervención de Loustau), sino a retenciones móviles, fijadas inconsultamente entre la siembra y la cosecha y que llegan a un techo del 95%, acabando con los mercados a futuro que les permitían financiarse y fijando un virtual precio máximo a sus ingresos en un contexto de inflación alta y creciente. En cuanto a la “amenaza de hambre a la sociedad” se limitó a un mínimo desabastecimiento, inmediatamente remediado levantando el corte de rutas cuando afectó la continuidad del flujo hacia las góndolas. De paso, convengamos: el paro y los cortes no los hizo la aristocrática Sociedad Rural sino la campesina Federación Agraria, y los chicos que aún tienen hambre en Argentina mientras la inflación se come los salarios no son culpa del campo, que produce alimentos para 300 millones de personas a precios internos que desde hace años crecen menos que la inflación, sino que son responsabilidad política de un gobierno que juega en el campo con IRSA, Eurnekian y Aceitera General Deheza, y que gozó durante un lustro de la suma del poder público y de un contexto internacional inéditamente favorable pero no supo aprovecharlo para acabar con las concentraciones monopólicas ni con el hambre en el país.
Resulta también muy curioso el ver a tan notorios sostenedores de la Argentina profunda y el credo federal contra la cipaya capital apoyar una política fiscal que está en las antípodas mismas del federalismo, y que vacía a las provincias y sus municipios para concentrar recursos en una gran caja unitaria central. Al mismo tiempo, que posen de críticos señalando “los límites y retrasos del Gobierno en aplicar políticas redistributivas” es una broma, y muy mala. Este Gobierno no tiene “límites y retrasos” sino políticas aplicadas concienzudamente durante cinco años. Por eso, más allá de los discursos, desde el inicio del gobierno K la brecha de ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre se ha mantenido sin modificaciones alrededor del 28 a 1 que dejaron la crisis y el gobierno de Duhalde. De manera que la mejora en la condición de los más humildes, que nadie desmiente, se produjo por efecto derrame igual que ayer, cuando gobernaba también -vaya casualidad- el Pejota del que formaba parte Kirchner. En cuanto a los índices de pobreza e indigencia, el país es hoy más rico que hace diez años pero tiene más pobres e indigentes. No lo digo yo, lo dice el INDEK y lo confirman los estudios de la CTA. Lo que no dice el INDEK es que computando la inflación real, superior al 20%, este último año la Argentina K ha logrado el lamentable récord de aumentar el número de sus pobres e indigentes a pesar de un crecimiento macroeconómico superior al 8% anual. Lo que se dice: del derrame noventista a la sequía K.
Sostener que se intentaron “cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina” o se expresó “desprecio por la legitimidad gubernamental” es simplemente absurdo. A menos que se considere que la presencia en la Plaza de la lamentable Cecilia Pando y veinte de sus impresentables primas con cartelitos contra Cristina represente algo, o se crea conveniente replicar sus métodos intolerantes expulsándola de las plazas o el país. El único desprecio que sí se ha observado en estos días es el del oficialismo por los productores agropecuarios argentinos, acusados de angurrientos y avaros aunque paguen impuestos más altos que en ninguna otra parte del mundo, mientras en todos lados la producción agropecuaria es subsidiada y mientras los ricachones amigos del Gobierno, recontrasubsidiados e hiperprotegidos por la autodevaluación de los salarios, la energía a precios regalados y la vista gorda sobre sus obligaciones fiscales y laborales, son izados al cuadro de honor de la heroica burguesía nacional.
Lo cierto es que el único “cuestionamiento hacia el poder político constitucional” ocurrido en estos meses fue el realizado por el gobierno de Cristina Fernández y reiterado ahora por 750 intelectuales que insisten en hablar de la oposición en términos de “golpismo”, una palabra que en Argentina no significa interrupción del orden institucional sino que está cargada de sangre y de muerte. ¿Quién le ha dado al Gobierno y a sus 750 soldados mediático-académicos el monopolio de la democracia y los derechos humanos? Y si a lo que se refieren no es a un golpe militar sino civil, ¿se olvidan acaso de que la última interrupción del orden institucional en la Argentina fue promovida justamente por el partido hoy presidido por Néstor Kirchner, cuando el legendario salvador de la patria que después lo llevaría al poder fue llamado a ocupar la Presidencia con la esperanza de apagar el incendio llamando no a los bomberos, sino al pirómano?
Que se califique el legítimo derecho de todos los ciudadanos a manifestar su oposición al Gobierno de golpismo y que se calumnie como golpista a una oposición votada por cuatro millones y medio de argentinos para serlo, y cuyo mandato de criticar y controlar al poder es tan válido como del de la doctora Kirchner para ejercerlo, lo dice todo sobre una concepción política que habla de diálogo pero profiere los peores insultos, que posa de democrática pero ambiciona un régimen de partido único, que presume de progresismo y se regodea con palabras políticamente correctas como pluralismo y reconocimiento del otro pero razona con las categorías del jurista nazi Carl Schmit: la distinción amigo-enemigo, la centralidad hegemónica de la política y la soberanía absoluta del estado. Se trata de la política como continuación de la guerra por otros medios. Es todo esto, diga lo que diga el Consenso de Gandhi, lo que la sociedad argentina ya no soporta ni quiere aceptar más.