LA LEY DE MEDIOS ES PÉSIMA

LA LEY DE MEDIOS ES PÉSIMA

Entre las muchas voces ponciopilatistas que "critican" al Gobierno se está abriendo paso otra forma de justificación del atropello: la idea de que "La ley de medios es buena, pero el kirchnerismo la aplicó mal". 
Es muy difícil discutir una ley de más de 160 artículos en TV, por lo que presento de nuevo aquí las objeciones que hice en el debate de la Cámara de Diputados en 2009, y que cierra con un encuadre político de la situación que me parece de gran actualidad.

DISCURSO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

".... hemos objetado las atribuciones, las competencias abusivas de la Autoridad de Aplicación que fija esta ley para establecer una mordaza contra la libertad de prensa, tan similar a la espada de Damocles del Consejo de la Magistratura que tiene amenazados y maniatados a los jueces argentinos para que otorguen impunidad al Poder.

Y voy a los puntos específicos del proyecto de ley. Considero vergonzoso que la autoridad de aplicación siga teniendo mayoría oficialista. Ya era bastante malo cuando podía elegir el sesenta por ciento -tres de cinco- y ahora es peor porque serán cinco de siete, lo cual es el 71 por ciento. Y es vergonzoso también que la autoridad de aplicación aún esté en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, que dependa del Poder Ejecutivo Nacional. Lo es porque la libertad de expresión es la libertad de criticar al Poder, y no se puede criticar al Poder si éste tiene los medios para taparnos la boca, para amordazar dando de baja una licencia.

   Voy a las funciones de la autoridad de aplicación, fijadas por el artículo 12. Una es la de “elaborar y actualizar las normas técnicas que regulan la actividad”. Esto se los digo a quienes afirman que es un gran avance que hayan quitado la revisión bianual. Por el artículo 12 tenemos una revisión que puede ser bisemanal o cada dos horas, porque esta autoridad de aplicación, en el ámbito del Poder Ejecutivo y con mayoría oficialista, puede elaborar y actualizar las normas técnicas que regulan la actividad cuando quiera.

   Otra facultad es la de “otorgar la correspondiente habilitación y aprobar el inicio de las transmisiones”. O sea que sin permiso del Poder Ejecutivo Nacional nadie puede siquiera ni empezar a funcionar.

        Otra es la de “sustanciar procedimientos para los concursos y adjudicación directa”. Voy a tocar este punto más adelante. Paso a la facultad de ”declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones”. O sea que si no le gusta lo que apareció o lo que se dijo en un canal, el Poder Ejecutivo, a través de sus mandaderos, puede declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones.

   Asimismo la autoridad de aplicación se adjudica la atribución de “aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento de la presente ley”, sin que estén especificados los aspectos más elementales que fijan el Código Civil y la Constitución Nacional: el derecho a la defensa y la proporcionalidad entre las faltas y las sanciones. Nada de esto está contemplado y este es otro artículo que hace inconstitucional la presente ley.

   Otra atribución: “Declarar la ilegalidad de las estaciones y emisiones”. Me pregunto: ¿Esta es la ley de la democracia?

          En cuanto a “modificar los parámetros técnicos” y “habilitar al personal técnico y de locución”, ello quiere decir que los trabajadores, que se habían ilusionado con que ahora les darían trabajo y que se encontrarán con la novedad de que la pauta publicitaria oficial se la llevó el señor Julio Grondona, van a tener que pedir un “carnetcito” al Poder Ejecutivo Nacional para que los habilite como personal técnico o de locución.

          Saludamos el hecho de que se haya dado un paso atrás con el tema de las telefónicas, que fuera planteado por nuestro bloque, pero decimos que, además, los proveedores del Estado no deben poseer licencias por las mismas razones que las telefónicas: porque si este Estado, que funciona como funciona, discrecionalmente, deja de pagar a los proveedores, éstos se funden. ¿Qué calidad e independencia de información puede ofrecer un proveedor del Estado que depende del Estado para hacer negocios y para que le paguen por el trabajo que ya hizo? Y voy a dar un ejemplo concreto, para no hablar en abstracto. El ejemplo se llama Electroingeniería, Radio del Plata y Nelson Castro, quien fue expulsado de su trabajo por haberle hecho un reportaje a un miembro de nuestro bloque, el diputado Morán, que denunciaba los favores que el Ejecutivo hacía permanentemente a la empresa Electroingeniería.

          Por otra parte, estamos en contra del artículo 98, en el que se hace otra vergonzosa delegación de facultades fiscales de este Parlamento hacia un organismo controlado desde el Poder Ejecutivo. Dicho artículo dispone que la autoridad de aplicación “está habilitada para disponer exenciones y reducciones de gravámenes”. Esto es una atribución fiscal que es responsabilidad del Parlamento argentino y no del Poder Ejecutivo. Es decir que seguimos con las facultades delegadas, con los superpoderes, con los decretos de necesidad y urgencia y ahora, en esta supuesta ley de la democracia, seguimos haciendo lo que la Constitución define como “infame traición a la patria”.

          Señor presidente: esta norma es inconstitucional, ya que por lo menos viola dos artículos de la Constitución. Uno de ellos es el que dice que el Congreso no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Cabe aclarar que cuando se redactó la Constitución se hablaba de libertad de imprenta porque no existían los medios de radiodifusión ni los audiovisuales, pero está claro que ello se aplica también para la libertad de prensa. No puede haber restricción de la libertad de prensa ni jurisdicción federal sobre la libertad de prensa, como la que fija esta ley en los artículos que acabo de mencionar y que violan la Constitución.

          Y esta norma también viola la Constitución porque esta última establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Cuando una ley se elabora durante seis meses en foros que no tienen ninguna elegibilidad ni legitimidad democrática, con gente que no ha sido elegida por los ciudadanos, y se discute apenas seis horas en la Cámara de Diputados –donde estamos los que realmente representamos al pueblo de la Nación-, en el plenario de las tres comisiones a las que fue girado el proyecto, no se está sancionando una ley sobre la deliberación de los representantes del pueblo, como fija la Constitución, sino sobre los caprichos, atribuciones e intereses de los invitados a los foros del licenciado Mariotto.

          Esta norma, además de ser una mordaza, establece un monopolio de tres grandes sectores. Uno de ellos es el de los “prestadores de gestión estatal”, es decir,los medios públicos que hoy funcionan vergonzosamente como agencias de publicidad del gobierno –Canal 7, Radio Nacional y agencia TELAM-, y que de ninguna manera reflejan la pluralidad de opiniones de la sociedad argentina sino que son desembozadas agencias de publicidad oficial.

          Otro es el del “sector privado con fines de lucro”. En este sentido, el escandaloso artículo 32 –mucho más escandaloso aún que la autoridad de aplicación- prevé la adjudicación de las principales emisoras de radiodifusión abierta “por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Es decir que las radios y las emitentes televisivas con las que se informa la mayoría de los argentinos, sobre todo los más vulnerables que no pueden pagar el cable, van a depender no solamente de la autoridad de aplicación sino además de que el Poder Ejecutivo Nacional decida si pueden o no transmitir y quién transmite en esa frecuencia, convirtiendo a esos ciudadanos sin acceso al cable en ciudadanos de segunda categoría, sometidos a una información controlada por el Gobierno en nombre del Estado.

          Y la tercera pata de este gran monopolio gubernamental son las entidades “sin fines de lucro”. En esta norma no hay ningún mecanismo que establezca cómo se van a habilitar las licencias, a quiénes se les van a dar y a quiénes no. Por lo tanto, ya sabemos a quiénes les van a dar las licencias: a radio Moyano y a TV D’Elía, y a ninguno de los opositores. Todos los que hoy apoyan esta ley con la ilusión de que su ONG va a tener posibilidad de expresarse y que muy probablemente no podrán financiarse autónomamente van a depender además de la pauta publicitaria oficial, que ‑como fue fácil comprobar en estos últimos años‑ se usa como método de sanción y de castigo para las voces críticas y de soborno para las voces obsecuentes de este gobierno.

          No quiero terminar mi exposición sin encuadrar esta norma en la situación política en la que estamos, por la gravedad extraordinaria que tiene. Asistimos a la destrucción del Estado en nombre de la revitalización de su rol. Ya las patotas de Moreno se cargaron el INDEC, que es un organismo fundamental. Un Estado que funciona sin un instituto de estadísticas confiable es como un avión que vuela sin instrumentos. Ahora se acaban de cargar a la AFIP. Me pregunto si un juez de la República que reciba una denuncia de la AFIP por evasión impositiva va a pensar que ella proviene de una agencia autónoma del Estado que intenta cumplir su deber o si es simplemente una revancha de este Gobierno contra sus socios o contra quienes le molestan por sus opiniones o acciones.

          Destruyen el Estado cuando destruyen el INDEC; destruyen el Estado cuando destruyen la AFIP y la transforman en una fuerza de choque en función de los intereses del kirchnerismo, y lo hacen en nombre del Estado. Después de gastar las palabras “progresismo”, “centroizquierda” y “derechos humanos”, ahora también “rol del Estado” es otra expresión gastada, usurpada y tratada como un trapo de piso por el kirchnerismo.

          La situación política en la que esta ley se instala es fácil de describir en términos de destrucción de la democracia desde dentro de la democracia. Tenemos un Poder Ejecutivo donde los ministros que se oponen a la corrupción son expulsados mientras los bocones y obsecuentes son mantenidos en sus puestos. En tanto, pasaron ya seis años sin una sola reunión de ministros.  Un Poder Ejecutivo Nacional que –como se ha dicho insistentemente en este recinto sin que ningún fiscal de la República se entere‑ es ejercido por el doctor Néstor Kirchner y no por quien debería, que es la Presidente de la Nación elegida por los ciudadanos argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Lo he denunciado yo mismo penalmente y todavía no hay un juez para esa causa, y no lo hay porque el Consejo de la Magistratura vigila.

          Tenemos un Parlamento vaciado que firma leyes como una escribanía, que considera en diez horas una ley de semejante magnitud, con más de ciento sesenta artículos y doscientas quince modificaciones hechas en pocas horas. Es un Parlamento vaciado que además cometió el escándalo de sancionar leyes con un apresuramiento similar vetadas después por la Presidente de la Nación, mientras el presidente de la comisión correspondiente aceptaba que había firmado la ley sin leerla. Volvemos hoy a las andadas porque se trata de un Parlamento vaciado en el que aún cuando el oficialismo y la oposición se ponen de acuerdo para sancionar leyes como la de glaciares o la de emergencia agropecuaria, la Presidente las veta, con lo que anuncia lo que hará después del 10 de diciembre: veto para las leyes del Parlamento y decretos de necesidad y urgencia para todo lo que necesiten los Kirchner.

          Además, tenemos un Poder Judicial vaciado y controlado desde el Consejo de la Magistratura. Una libertad sindical que consiste en que el señor Zanola está ahí desde hace veinticinco años sin que nadie le diga nada, mientras que los afiliados bancarios se mueren porque les dan píldoras truchas; un sindicalismo trucho y una libertad de expresión que quieren cargarse hoy los Kirchner a través de esta ley. Y tenemos un Parlamento, una oposición, un oficialismo y un periodismo argentinos que, según declaraciones de alguien inobjetable –porque de todo esto Alberto Fernández sabe mucho‑, saben que hay escuchas telefónicas en todos sus teléfonos: en el suyo, señora presidenta, en el mío, en los del oficialismo y en los de la oposición. Salúdelo, señora presidenta. Ya que seguramente la está escuchando el ministro Aníbal Fernández; mándele saludos de mi parte.

                    Este es el país en el que vivimos, con un Poder Ejecutivo, un Parlamento, un Poder Judicial, una libertad sindical y un sistema de garantías institucionales para ejercer los deberes del periodismo, del oficialismo y de la oposición vergonzosos: la destrucción de la democracia con la excusa de la democracia."