CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
Sr. Presidente (Fellner).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Iglesias.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio porque, por muchos motivos, me siento ofendido en mi carácter de legislador y representante de los ciudadanos que me han elegido.
Adhiero a las expresiones de los colegas que me precedieron en el uso de la palabra con respecto a la irregularidad de esta sesión, pero también quiero puntualizar la fórmula del tratamiento de la ley de medios audiovisuales en la vergonzosa reunión conjunta que se celebró en el día de ayer. Fue una reunión que terminó sin quórum y con despachos que eran firmados en las oficinas de los señores diputados, sin ningún tipo de legitimidad. Esto ha impedido al bloque de la Coalición Cívica presentar un dictamen de minoría para no avalar un procedimiento irregular.
Lo de ayer fue una vergüenza. Ni siquiera en una asociación vecinal que tiene que discutir si pone o no una cancha de bochas se discute de esa manera, con semejante grado de desorganización y de avasallamiento de los derechos y de las capacidades de los diputados. Yo me pregunto si es posible discutir una ley sin tener el texto delante para poderlo leer, y me pregunto si es posible considerar en una hora y media 215 modificaciones al texto de la ley.
Algunas cifras son contundentes: seis años tuvo este gobierno con mayoría en ambas Cámaras y no hizo nada con respecto a esta ley. Seis meses discutieron los foros convocados por el licenciado Mariotto con invitación exclusiva. Y los diputados de tres diferentes comisiones tuvimos seis horas para tratar en condiciones vergonzosas los 166 artículos de la ley y las más de 200 modificaciones. Y fueron seis horas de las cuales tres se utilizaron para que nos leyeran lo que no podíamos leer porque no nos había llegado el texto con las modificaciones.
Este método antidemocrático de sanción es coincidente con el contenido antidemocrático de la ley: una ley que treinta y una veces menciona al Poder Ejecutivo Nacional y ni una sola vez al Parlamento, ni una sola vez al Congreso de la Nación y ni una sola vez a la oposición.
Por su parte, la Cámara que usted preside, señor Fellner, es mencionada sí, una vez sola, para decir que ”El Senado y Cámara de Diputados (sic) de la Nación Argentina , reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley”. Señor presidente: ésa es la única mención que tiene la Cámara que usted preside en todo el texto de una ley con 166 artículos. Me felicito de que los diputados que van a votar esta ley, este atropello a la libertad de expresión, hayan tenido el tiempo entre anoche a la una de la mañana y hoy a las diez para leer la ley, este bodoque de 166 artículos con 215 modificaciones, más los textos de todas las audiencias públicas que ayer mismo nos entregaron.
Decimos que este Parlamento está siendo degradado y está siendo tratado como una mera escribanía, aunque es peor que una escribanía, porque los escribanos tienen más tiempo para leer los documentos que se ponen a su consideración que los diputados de la Nación. Ningún escribano permitiría que le pasaran un documento de esta extensión para producir, ocho horas, después un dictamen sobre su validez o invalidez jurídica.
Y este es sólo el primero de los puntos que me ofenden en mi calidad de diputado. El segundo son las expresiones de ciertos diputados del oficialismo que se acordaron de los derechos humanos en el 2003 y que no tuve el honor de ver en la Plaza de Mayo durante la dictadura. Tampoco tuve el honor de verlos en esta Cámara ni en el Senado cuando muchos representantes de la oposición planteaban la derogación de la obediencia debida y el punto final; y ahora vienen a hablarnos como si hubieran inventado los derechos humanos.
Asimismo nos dicen, como se señaló ayer en un discurso vergonzoso que figura en la versión taquigráfica de esa sesión conjunta vergonzosa, que todos los que estamos en contra de esta ley estamos a favor de la ley de la dictadura. No puedo permitir esa ofensa al diputado que la hizo y no lo voy a mencionar para no darle la oportunidad de seguir insultando tanto a mí como a los demás señores diputados opositores.
Sí puedo decirle que el crimen de la dictadura, el horrendo genocidio cometido por la dictadura, no fue un crimen y un genocidio cometidos contra un solo partido sino contra todos los argentinos. Fue un crimen contra la democracia y no sólo contra uno de sus partidos. Cualquiera que haya estado ahí y se haya tomado el trabajo de ver lo que estaba sucediendo, sabe que cayeron argentinos de todas las banderías políticas y muchísimos argentinos que no tenían una bandería política definida. Así que basta de decir que el crimen genocida se hizo sólo contra un partido y basta de abusar diciendo que las víctimas han sido los trabajadores. Es cierto que las principales víctimas fueron los trabajadores, ¡los trabajadores, pero no la burocracia!
Quienes nos acercamos al movimiento de derechos humanos a principios de los ’80, en plena dictadura, nos enterábamos por los compañeros de las fábricas cómo la burocracia entregaba a sus propios compañeros y delegados para que no le disputaran el control de las comisiones de fábrica. Así que las víctimas fueron los trabajadores, no la burocracia entregadora.
Cierro mi exposición diciendo que también me siento ofendido por las expresiones del señor diputado Rossi, quien al finalizar la sesión anterior dijo textualmente que esperaba que durante el tratamiento de este proyecto de ley los diputados tuviéramos la misma dignidad que los presidentes de los clubes de fútbol argentino. Eso es un insulto y una vergüenza. Me gustaría que los integrantes del bloque del diputado Rossi reflexionaran sobre un presidente de bancada que se dirige a ellos instándolos a tener la calidad y dignidad de los secuaces del señor Julio Grondona. Espero que nadie se comporte de ese modo en el tratamiento de esta ley, pero me temo –viendo como se están desarrollando las cosas‑ que muchos tendrán ese nivel de dignidad y de comprensión de las necesidades de la República y del pueblo argentino.
Sr. Presidente (Fellner).- La cuestión pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales en los términos que ha sido planteada.
DISCURSO
Sr. Iglesias.- Señor presidente, me embarga una enorme tristeza de ver la forma en que se está tratando esta ley que en el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones y de la sociedad del conocimiento, tiene una enorme importancia. Tanta, como si en el siglo XX se hubieran incluido en una sola ley la trocha de los ferrocarriles, el trazado de las autopistas y todo el sistema industrial de la República Argentina.
En estas condiciones vergonzosas se trata hoy esta norma decisiva, con una discusión de seis horas en un plenario de comisiones a seis años de un gobierno que permitió la concentración de medios de la que ahora se queja y luego de seis meses de discusión en foros por invitación organizados por el licenciado Mariotto.
En la Coalición Cívica no hemos presentado un dictamen de minoría porque ayer era evidente que no había quórum en las tres comisiones para firmar dictámenes. Por eso, para que no digan que no tenemos propuestas, voy a solicitar que se permita insertar en mi discurso las que pensábamos incluir en nuestro dictamen.
Hablo desde la tradición del ARI y de la Coalición Cívica , que durante estos seis años se han opuesto sistemáticamente a todas y cada una de las maniobras que ha hecho este gobierno con sus anteriores socios para concentrar poder en los medios: diez años de prórroga de licencias y fusión de Cablevisión y Multicanal. Aquí me voy a detener un segundo. Cuando interrumpamos la licencia a quienes gozaron de esta prórroga por diez años, violando así sus derechos adquiridos, ¿quiénes van a pagar? Van a pagar los ciudadanos argentinos, los mismos pobres e indigentes de los que habla siempre este gobierno y que cuando compran leche para sus hijos pagan aún el 21 por ciento de IVA, ya que la reforma fiscal es otra de sus asignaturas pendientes.
Me parece muy extraño que este gobierno haya percibido ahora la importancia de los medios de comunicación, porque cuando se hizo la fusión de Cablevisión y Multicanal, pocas semanas después de la elección de la señora Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación con el 46 por ciento de los votos, parecía que los medios no tenían ninguna importancia y que el pueblo expresaba su voluntad autónomamente de lo que hacían las grandes concentraciones mediáticas. Por eso les dieron la fusión, y sólo cuando ciertos medios empezaron a criticarlos los Kirchner se dieron cuenta de que condicionaban la agenda pública.
Es muy curioso también que se hable de la ley de la democracia, y lo es porque hay otras leyes de la dictadura que aún están vigentes y que no preocupan a este gobierno. Una de esas leyes es el Código Aduanero, por el cual se fijaron retenciones confiscatorias, y la otra la ley de entidades financieras, que permite que en este país sigan pagando impuestos los que producen y se abstengan los que especulan. Para todo esto parece que no hay problema en que haya sido la dictadura la que ha fijado estas normas.
Además, en el artículo 5° de esta supuesta ley de la democracia se da una paradoja, ya que establece que “para la interpretación de los vocablos y conceptos técnicos que no estén previstos en la presente ley se tendrán en cuenta las definiciones contenidas en la ley nacional de telecomunicaciones 19.798” , sancionada por el gobierno dictatorial del general Lanusse.
La verdad es que si esta es la democracia deja bastante que desear. Porque la democracia no es lo que piensa el oficialismo ni lo que pienso yo. La democracia es el respeto por las instituciones republicanas y por la Constitución Argentina.
Seis meses para hacer la plancha, seis meses para los foros de Mariotto y seis horas para los representantes del pueblo de la Nación. Después , diez horas para estudiar una ley de 166 artículos con 215 modificaciones. Ese es el respeto que tiene este gobierno por la democracia y el respeto que se ve en esta sesión ilegítima para tratar una ley inconstitucional, en una sala vacía y en un Parlamento vaciado de sus atribuciones.
Y no hablo de calidad institucional porque la haya mencionado la Presidente, que prometió desde allí, desde el mismo sitial de la Presidencia de esta Cámara, que el suyo iba a ser el gobierno de la calidad institucional. No lo hago por una afición abstracta de politólogo, sino porque la gente se muere por falta de calidad institucional. Los chicos de Cromañón se murieron por falta de calidad institucional y por un Estado que no funcionaba ni funciona. Los afiliados a la Asociación Bancaria se mueren por falta de calidad institucional, por dirigentes sindicales eternizados en sus cargos y por medicamentos truchos que se corresponden con una libertad trucha y una organización sindical truchas, sostenidas desde los sectores más importantes del Gobierno.
Se habla hoy mucho de los intereses en juego de los que están en el juego, pero desde el oficialismo no se habla nunca de los intereses de los que quieren entrar en el juego. Y hago notar que, en una gran mayoría, las objeciones de la oposición no se han referido a los artículos que van contra la concentración monopólica. Estos artículos casi nadie los ha objetado. Sí hemos objetado las atribuciones, las competencias abusivas de la Autoridad de Aplicación que fija esta ley para establecer una mordaza contra la libertad de prensa, tan similar a la espada de Damocles del Consejo de la Magistratura que tiene amenazados y maniatados a los jueces argentinos para que otorguen impunidad al Poder.
Y voy a los puntos específicos del proyecto de ley. Considero vergonzoso que la autoridad de aplicación siga teniendo mayoría oficialista. Ya era bastante malo cuando podía elegir el sesenta por ciento -tres de cinco- y ahora es peor porque serán cinco de siete, lo cual es el 71 por ciento. Y es vergonzoso también que la autoridad de aplicación aún esté en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, que dependa del Poder Ejecutivo Nacional. Lo es porque la libertad de expresión es la libertad de criticar al Poder, y no se puede criticar al Poder si éste tiene los medios para taparnos la boca, para amordazar dando de baja una licencia.
Voy a las funciones de la autoridad de aplicación, fijadas por el artículo 12. Una es la de “elaborar y actualizar las normas técnicas que regulan la actividad”. Esto se los digo a quienes afirman que es un gran avance que hayan quitado la revisión bianual. Por el artículo 12 tenemos una revisión que puede ser bisemanal o cada dos horas, porque esta autoridad de aplicación, en el ámbito del Poder Ejecutivo y con mayoría oficialista, puede elaborar y actualizar las normas técnicas que regulan la actividad cuando quiera.
Otra facultad es la de “otorgar la correspondiente habilitación y aprobar el inicio de las transmisiones”. O sea que sin permiso del Poder Ejecutivo Nacional nadie puede siquiera ni empezar a funcionar.
Otra es la de “sustanciar procedimientos para los concursos y adjudicación directa”. Voy a tocar este punto más adelante. Paso a la facultad de ”declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones”. O sea que si no le gusta lo que apareció o lo que se dijo en un canal, el Poder Ejecutivo, a través de sus mandaderos, puede declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones.
Asimismo la autoridad de aplicación se adjudica la atribución de “aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento de la presente ley”, sin que estén especificados los aspectos más elementales que fijan el Código Civil y la Constitución Nacional : el derecho a la defensa y la proporcionalidad entre las faltas y las sanciones. Nada de esto está contemplado y este es otro artículo que hace inconstitucional la presente ley.
Otra atribución: “Declarar la ilegalidad de las estaciones y emisiones”. Me pregunto: ¿Esta es la ley de la democracia?
En cuanto a “modificar los parámetros técnicos” y “habilitar al personal técnico y de locución”, ello quiere decir que los trabajadores, que se habían ilusionado con que ahora les darían trabajo y que se encontrarán con la novedad de que la pauta publicitaria oficial se la llevó el señor Julio Grondona, van a tener que pedir un “carnetcito” al Poder Ejecutivo Nacional para que los habilite como personal técnico o de locución.
Saludamos el hecho de que se haya dado un paso atrás con el tema de las telefónicas, que fuera planteado por nuestro bloque, pero decimos que, además, los proveedores del Estado no deben poseer licencias por las mismas razones que las telefónicas: porque si este Estado, que funciona como funciona, discrecionalmente, deja de pagar a los proveedores, éstos se funden. ¿Qué calidad e independencia de información puede ofrecer un proveedor del Estado que depende del Estado para hacer negocios y para que le paguen por el trabajo que ya hizo? Y voy a dar un ejemplo concreto, para no hablar en abstracto. El ejemplo se llama Electroingeniería, Radio del Plata y Nelson Castro, quien fue expulsado de su trabajo por haberle hecho un reportaje a un miembro de nuestro bloque, el diputado Morán, que denunciaba los favores que el Ejecutivo hacía permanentemente a la empresa Electroingeniería.
Por otra parte, estamos en contra del artículo 98, en el que se hace otra vergonzosa delegación de facultades fiscales de este Parlamento hacia un organismo controlado desde el Poder Ejecutivo. Dicho artículo dispone que la autoridad de aplicación “está habilitada para disponer exenciones y reducciones de gravámenes”. Esto es una atribución fiscal que es responsabilidad del Parlamento argentino y no del Poder Ejecutivo. Es decir que seguimos con las facultades delegadas, con los superpoderes, con los decretos de necesidad y urgencia y ahora, en esta supuesta ley de la democracia, seguimos haciendo lo que la Constitución define como “infame traición a la patria”.
Señor presidente: esta norma es inconstitucional, ya que por lo menos viola dos artículos de la Constitución. Uno de ellos es el que dice que el Congreso no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Cabe aclarar que cuando se redactó la Constitución se hablaba de libertad de imprenta porque no existían los medios de radiodifusión ni los audiovisuales, pero está claro que ello se aplica también para la libertad de prensa. No puede haber restricción de la libertad de prensa ni jurisdicción federal sobre la libertad de prensa, como la que fija esta ley en los artículos que acabo de mencionar y que violan la Constitución.
Y esta norma también viola la Constitución porque esta última establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Cuando una ley se elabora durante seis meses en foros que no tienen ninguna elegibilidad ni legitimidad democrática, con gente que no ha sido elegida por los ciudadanos, y se discute apenas seis horas en la Cámara de Diputados –donde estamos los que realmente representamos al pueblo de la Nación-, en el plenario de las tres comisiones a las que fue girado el proyecto, no se está sancionando una ley sobre la deliberación de los representantes del pueblo, como fija la Constitución , sino sobre los caprichos, atribuciones e intereses de los invitados a los foros del licenciado Mariotto.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara , doña Patricia Vaca Narvaja.
Sr. Iglesias.- Esta norma, además de ser una mordaza, establece un monopolio de tres grandes sectores. Uno de ellos es el de los “prestadores de gestión estatal”, es decir,los medios públicos que hoy funcionan vergonzosamente como agencias de publicidad del gobierno –Canal 7, Radio Nacional y agencia TELAM-, y que de ninguna manera reflejan la pluralidad de opiniones de la sociedad argentina sino que son desembozadas agencias de publicidad oficial.
Otro es el del “sector privado con fines de lucro”. En este sentido, el escandaloso artículo 32 –mucho más escandaloso aún que la autoridad de aplicación- prevé la adjudicación de las principales emisoras de radiodifusión abierta “por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Es decir que las radios y las emitentes televisivas con las que se informa la mayoría de los argentinos, sobre todo los más vulnerables que no pueden pagar el cable, van a depender no solamente de la autoridad de aplicación sino además de que el Poder Ejecutivo Nacional decida si pueden o no transmitir y quién transmite en esa frecuencia, convirtiendo a esos ciudadanos sin acceso al cable en ciudadanos de segunda categoría, sometidos a una información controlada por el Gobierno en nombre del Estado.
Y la tercera pata de este gran monopolio gubernamental son las entidades “sin fines de lucro”. En esta norma no hay ningún mecanismo que establezca cómo se van a habilitar las licencias, a quiénes se les van a dar y a quiénes no. Por lo tanto, ya sabemos a quiénes les van a dar las licencias: a radio Moyano y a TV D’Elía, y a ninguno de los opositores. Todos los que hoy apoyan esta ley con la ilusión de que su ONG va a tener posibilidad de expresarse y que muy probablemente no podrán financiarse autónomamente van a depender además de la pauta publicitaria oficial, que ‑como fue fácil comprobar en estos últimos años‑ se usa como método de sanción y de castigo para las voces críticas y de soborno para las voces obsecuentes de este gobierno.
No quiero terminar mi exposición sin encuadrar esta norma en la situación política en la que estamos, por la gravedad extraordinaria que tiene. Asistimos a la destrucción del Estado en nombre de la revitalización de su rol. Ya las patotas de Moreno se cargaron el INDEC, que es un organismo fundamental. Un Estado que funciona sin un instituto de estadísticas confiable es como un avión que vuela sin instrumentos. Ahora se acaban de cargar a la AFIP. Me pregunto si un juez de la República que reciba una denuncia de la AFIP por evasión impositiva va a pensar que ella proviene de una agencia autónoma del Estado que intenta cumplir su deber o si es simplemente una revancha de este Gobierno contra sus socios o contra quienes le molestan por sus opiniones o acciones.
Destruyen el Estado cuando destruyen el INDEC; destruyen el Estado cuando destruyen la AFIP y la transforman en una fuerza de choque en función de los intereses del kirchnerismo, y lo hacen en nombre del Estado. Después de gastar las palabras “progresismo”, “centroizquierda” y “derechos humanos”, ahora también “rol del Estado” es otra expresión gastada, usurpada y tratada como un trapo de piso por el kirchnerismo.
La situación política en la que esta ley se instala es fácil de describir en términos de destrucción de la democracia desde dentro de la democracia. Tenemos un Poder Ejecutivo donde los ministros que se oponen a la corrupción son expulsados mientras los bocones y obsecuentes son mantenidos en sus puestos. En tanto, pasaron ya seis años sin una sola reunión de ministros. Un Poder Ejecutivo Nacional que –como se ha dicho insistentemente en este recinto sin que ningún fiscal de la República se entere‑ es ejercido por el doctor Néstor Kirchner y no por quien debería, que es la Presidente de la Nación elegida por los ciudadanos argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Lo he denunciado yo mismo penalmente y todavía no hay un juez para esa causa, y no lo hay porque el Consejo de la Magistratura vigila.
Tenemos un Parlamento vaciado que firma leyes como una escribanía, que considera en diez horas una ley de semejante magnitud, con más de ciento sesenta artículos y doscientas quince modificaciones hechas en pocas horas. Es un Parlamento vaciado que además cometió el escándalo de sancionar leyes con un apresuramiento similar vetadas después por la Presidente de la Nación , mientras el presidente de la comisión correspondiente aceptaba que había firmado la ley sin leerla. Volvemos hoy a las andadas porque se trata de un Parlamento vaciado en el que aún cuando el oficialismo y la oposición se ponen de acuerdo para sancionar leyes como la de glaciares o la de emergencia agropecuaria, la Presidente las veta, con lo que anuncia lo que hará después del 10 de diciembre: veto para las leyes del Parlamento y decretos de necesidad y urgencia para todo lo que necesiten los Kirchner.
Además, tenemos un Poder Judicial vaciado y controlado desde el Consejo de la Magistratura. Una libertad sindical que consiste en que el señor Zanola está ahí desde hace veinticinco años sin que nadie le diga nada, mientras que los afiliados bancarios se mueren porque les dan píldoras truchas; un sindicalismo trucho y una libertad de expresión que quieren cargarse hoy los Kirchner a través de esta ley. Y tenemos un Parlamento, una oposición, un oficialismo y un periodismo argentinos que, según declaraciones de alguien inobjetable –porque de todo esto Alberto Fernández sabe mucho‑, saben que hay escuchas telefónicas en todos sus teléfonos: en el suyo, señora presidenta, en el mío, en los del oficialismo y en los de la oposición. Salúdelo, señora presidenta. Ya que seguramente la está escuchando el ministro Aníbal Fernández; mándele saludos de mi parte.
Este es el país en el que vivimos, con un Poder Ejecutivo, un Parlamento, un Poder Judicial, una libertad sindical y un sistema de garantías institucionales para ejercer los deberes del periodismo, del oficialismo y de la oposición vergonzosos: la destrucción de la democracia con la excusa de la democracia.
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