En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños reitero la propuesta de Democracia Global: una Corte Penal Latinoamericana contra el Crimen Transnacional Organizado
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CORTE PENAL LATINOAMERICANA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO
Al triste récord de ser la región socialmente más desigual del mundo, Latinoamérica ha agregado el de ser la región con mayores niveles de violencia criminal del planeta. La incontrolable situación en el norte de México, el crecimiento de las maras centroamericanas la cooptación de vastos sectores de la política y del estado y el auge de la violencia criminal, el tráfico de armas, drogas y personas forzadas a la esclavitud laboral y sexual en el resto de los países configuran un problema regional de enormes repercusiones negativas en la vida de los ciudadanos latinoamericanos.
Lenta, pero inexorablemente, la proliferación de grupos dedicados al crimen transnacionalmente organizado se está constituyendo en el principal problema social de la región, en una amenaza para la democracia y en el principal freno a su desarrollo económico. Lamentablemente, los únicos que parecen haber comprendido el carácter global del mundo en que vivimos y logrado estructurar sus organizaciones con una lógica que supera las fronteras nacionales son los delincuentes. Redes de protección internacionales que esconden en otros países a prófugos de la Justicia, sistemas de colaboración entre organizaciones criminales que operan globalmente, intercambio mundializado de información, drogas y armas, mafias interconectadas en la región y en el mundo son sólo algunas de las estrategias que reducen a la impotencia a los sistemas nacionales de persecución del crimen organizado.
La violencia criminal y sus consecuencias sociales se han convertido hoy, lamentablemente, en parte central de la agenda política de nuestros países, y las desigualdades en términos de seguridad, en el principal factor de discriminación social en la región. Frente a la proliferación de organizaciones criminales estructuradas regionalmente y con poderosas conexiones con sus similares de otras regiones -como la mafia siciliana, la ndrangheta calabresa y las mafias rusa y china- los mecanismos nacionales de seguridad se demuestran cada vez más insuficientes y subordinados a poderes políticos impotentes, cuando no corruptos y cómplices. En vez de constituir una ventaja en términos de eficiencia, la cercanía de los tribunales, fiscalías y fuerzas de seguridad nacionales respecto de los lugares en que se consuman los delitos los deja a merced de la corrupción y de las amenazas del crimen organizado y limita su esfera de actuación a la persecución de la criminalidad menor, sin posibilidad ninguna de impulsar el desguace de las organizaciones criminales mediante el encarcelamiento de sus dirigentes y la confiscación de sus bienes.
Los problemas regionales requieren soluciones regionales. Las resoluciones regionales requieren instituciones regionales para no quedar a merced de los desequilibrios de poder entre las naciones y las consecuentes arbitrariedades internacionales, ni de la inoperancia y oposición de los poderes estatales localizados. Una CORTE PENAL LATINOAMERICANA CONTRA EL CRIMEN TRASNACIONAL ORGANIZADO efectiva en la persecución de aquellos delitos que se organizan y ejecutan transnacionalmente no significa, de ninguna manera, una limitación a las soberanías nacionales ni a los poderes de los gobiernos latinoamericanos. Por el contrario, su éxito reforzaría los poderes de gobiernos hoy erosionados por redes criminales sobre las que están perdiendo progresivamente el control, y mejoraría la capacidad de autonomía y autodeterminación de Latinoamérica y de sus ciudadanos, demostrando que los latinoamericanos somos capaces de ocuparnos de los problemas de nuestra región. Es precisamente por el espacio abierto por la actual ineficiencia de los gobiernos latinoamericanos para lidiar con la cuestión, especialmente en lo referido al tráfico de drogas y la criminalidad relacionada, por donde se cuela la intervención de agencias extra-regionales. Por lo tanto, la constitución de una CORTE PENAL LATINOAMERICANA CONTRA EL CRIMEN TRASNACIONAL ORGANIZADO reforzaría la capacidad de la región para manejar por sí misma sus problemas y establecería un límite fundado a las injerencias extra-regionales en esta y otras importantes cuestiones. Por otra parte, y como ha demostrado el proceso de creación y de adhesión a la Corte Penal Internacional, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y a los protocolos de Palermo, casi todas las constituciones latinoamericanas reconocen ya el derecho público internacional como parte de su corpus de derechos y obligaciones. La creación de la CORTE PENAL LATINOAMERICANA CONTRA EL CRIMEN TRASNACIONAL ORGANIZADO debería ubicarse en ese contexto jurídico y aplicar los mismos principios ya usados en el ámbito internacional y mundial a la resolución del principal problema que enfrenta hoy Latinoamérica.
Por todos estos motivos, cada día más evidentes, se hace urgentemente necesaria una estrategia regional para enfrentar un delito que se organiza regionalmente; una estrategia que, además, siente las bases de una dinámica favorable a la integración regional tan necesaria para afrontar los demás desafíos que enfrentan los países de Latinoamérica. Una CORTE PENAL LATINOAMERICANA CONTRA EL CRIMEN TRASNACIONAL ORGANIZADO (COPLA) multilateral, pluralista y efectiva puede constituirse en el elemento decisivo que evite a los países de la región un futuro de subdesarrollo y criminalidad. Convocamos pues a todas las organizaciones democráticas, a todos los gobiernos y a todos los ciudadanos de Latinoamérica a participar activamente de su constitución.
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