“Curiosamente”, la prórroga de la ley de software que propone el Gobierno es exageradamente favorable a las empresas más grandes (dos de las cuales entre muchos cientos se llevan más de la mitad de los beneficios), no tiene un sesgo a favor de las Pymes ni de las nuevas empresas y somete al Congreso a maniobras de lobby. La votamos favorablemente porque es mejor esta ley que ninguna, a pesar de que no aceptaron ninguna de las sugerencias de modificación que hicimos. Copio a continuación mi discurso y me comprometo a presentar una ley correctiva apenas me sea posible.
DISCURSO LEY DE SOFTWARE
Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Iglesias.- Señor presidente: en 2009 escribí un libro titulado Qué significa ser progresista en la Argentina del siglo XXI, cuya tesis central se refiere a las formas de producción de riqueza en la sociedad global de la información.
Desde muchos lugares, no sólo desde el oficialismo, se insiste hoy en que la Argentina tiene que ser industrializada. Y bien, nuestro país es ya más industrial que los Estados Unidos y la Unión Europea, ya que el porcentaje del PBI que aporta la industria es mayor en Argentina que en Estados Unidos y Europa. El problema que tiene la Argentina no es pues el de aumentar la proporción de producción industrial sino el de hacer competitivos a cada uno de sus sectores, incluida –desde luego la industria.
Estos aparatos que usamos todos –me refiero a los smart phones, teléfonos inteligentes tienen una composición bien definida de valor: sólo el 14 por ciento es producto del trabajo industrial. Es decir que las fábricas de China que producen estos aparatos se llevan solamente el 14 por ciento de su precio de venta. El resto no es labor manual sino inteligencia agregada. Lo que tiene que decidir hoy la Argentina es, pues, si vamos a competir con los chinos por los sueldos miserables que genera el 14 por ciento del valor total aportado por el trabajo manufacturero o si vamos a competir con los países avanzados por el 86 por ciento restante de esa riqueza, hecha de trabajo intelectual.
Por eso quiero que quede claro mi apoyo decidido a los objetivos generales de esta norma. El sector del software es clave en toda economía. Es un sector decisivo, además, porque es inteligencia, comunicación e información aplicada no a la producción agroalimentaria o industrial, sino a la producción de más información, de más comunicación y de más conocimiento. Una forma central de la economía cuaternaria del futuro.
Sin embargo, el problema que tenemos hoy es que esta ley tiene serios defectos. El primero de ellos es que repite una idea fracasada de la etapa industrial de la Argentina, que se basó sistemáticamente en ofrecer subsidios y desgravaciones indiscriminadas al sector industrial para después cortarlos de golpe, provocando shocks cíclicos y una industria ineficiente que terminaba cerrando sus fábricas y dejando a los argentinos sin puestos de trabajo. Primer punto entonces: Si queremos tener un sector del software eficiente la competitividad no puede estar dada solamente por los subsidios y las desgravaciones.
El segundo punto es el problema central: ¿dónde está el cuello de botella? Toda la mano de obra argentina capacitada para trabajar en este sector tiene trabajo al día de hoy; la desocupación en el sector de software es igual a cero. El cuello de botella de la Argentina en el sector del software es la falta de suficiente mano de obra calificada, y no la rentabilidad empresarial. Por eso los problemas del sector no se solucionan dándole más rentabilidad a las empresas, sino con una política educativa que nos evite la vergüenza de tener el 6 por ciento del PBI dedicado a la educación mientras las estadísticas internacionales demuestran que la Argentina ha caído en los últimos años por debajo de Chile, Brasil, Uruguay y México. Y además se debe modificar la matrícula, porque la composición de la matrícula universitaria argentina es una vergüenza y otra causa del atraso nacional. No tenemos técnicos, no tenemos ingenieros. Tenemos cifras ridículamente bajas en las ciencias duras, y este es el cuello de botella por el cual el sector no logra pasar ni puede crecer, y esto es lo que hay que atacar desde el Estado. Rol del Estado que no es el de garantizar la rentabilidad de empresas ineficientes sino ayudar a las empresas eficientes a desarrollarse solucionando el principal problema que tienen y tenemos, que es el de la educación y la formación de mano de obra calificada.
Dicho esto, quisiera referirme a los aspectos específicos de esta ley y hacer propuestas concretas para modificarla.
El primer problema que plantea esta iniciativa es el del “día después”. Hasta el 31 de diciembre de 2019 las empresas que se acojan a este régimen van a tener una desgravación del 70 por ciento en aportes patronales y del 60 por ciento en el impuesto a las ganancias. A partir del 1º de enero de 2020, la desgravación va a ser igual a cero. De manera que, o tendrán rentas extraordinarias que deberían ser tasadas antes o se van a fundir el Día después. Este problema hay que atacarlo, y se lo puede hacer de dos maneras. La primera de ellas es creando un régimen que desfase el final del período por empresa, en lugar de fijar un mismo día para todas. Porque si tenemos el fenómeno del Día después, vamos a tener un año de lobby de las empresas pidiendo –racionalmente, comprensiblemente- que otra vez se prorrogue el régimen por cinco años, porque si no no podrían subsistir sin expulsar mano de obra.
Nosotros no queremos que eso suceda. Por lo tanto, las empresas tienen que poder acogerse al régimen por cinco años a partir del momento de esa adhesión. Esto permitiría que el final del régimen fuera individual, por empresa, y no general para todo el sector. Por lo tanto, se elimina así una parte importante del problema del Día después.
La otra manera de atacar el problema es hacer que los beneficios, sobre todo en lo relacionado con el impuesto a las ganancias, disminuyan progresivamente. El 60 por ciento previsto por esta ley es una cifra muy alta de exención, que sólo es justificable para el primer año. Por eso proponemos 50 por ciento para el segundo año, 40 por ciento para el tercer año, y así progresivamente, para que el shock causado por la disminución no se produzca, sino una baja progresiva que no suceda de un día para otro. Es increíble que la progresividad, una medida elemental en todos los regímenes fiscales, no figure en esta norma, y que estemos diciendo a las empresas que tendrán un beneficio del 70 por ciento en un impuesto y del 60 por ciento en otro hasta un cierto día, y el día después, nada: cero. Ya sabemos cómo termina esto, señor presidente, y no queremos que termine así otra vez.
Por otra parte, hay que considerar el tema de las pequeñas empresas. La ley debe tener un sesgo a favor de las pequeñas empresas, que son las que más lo necesitan y más promueven el empleo local. Por lo tanto, proponemos que el descuento en ganancias sea el 70 por ciento de las desgravaciones de los aportes patronales para los primeros cincuenta trabajadores; del 60 por ciento para los comprendidos entre el puesto 51º y 100º; del 50 por ciento para los ubicados entre el 101º y 200º, y del 40 por ciento para los demás. Esto permitiría a las empresas más pequeñas competir en forma ventajosa en el país y el mundo.
Finalmente, el punto central que falta en esta ley es el problema de la educación y formación de profesionales idóneos. Ya que la exención de ganancias es muy alta, del 60 por ciento, proponemos que haya obligatoriedad de que el 50 por ciento del dinero que se ahorran las empresas sea invertido obligatoriamente en la formación de mano de obra para el sector, exceptuando de la misma a los trabajadores de la propia empresa, para evitar maniobras.
Las empresas que reciben una subvención, una desgravación tributaria por parte del Estado del 60 por ciento, por ejemplo, deben aplicar la mitad de ese porcentaje –el 30 por ciento total- a la formación de nuevos cuadros dirigentes, profesionales y técnicos, a fin de solucionar el verdadero cuello de botella del sector que es, precisamente, la formación técnica y profesional.
Finalizo mi discurso reiterando que la Argentina tiene que apostar al futuro y al siglo XXI, pero debe hacerlo sin repetir los errores que cometió en la fase industrial del siglo XX. Por lo tanto, es lógico que el régimen presente condiciones favorables para las empresas que se instalan o se crean; pero no es lógico que empresas que ya gozaron de este régimen durante diez años se acojan a cinco años más. Tampoco es lógico que no haya un sesgo para las PYMES, ni una cláusula a favor de las inversiones en educación, ni que creemos de manera irresponsable el problema del “día después”, que provocará en pocos años el mismo problema que tratamos de solucionar hoy.
Sr. Secretario (Hidalgo).- Se han registrado 140 votos afirmativos. No hay votos negativos. (Aplausos.)
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