DISCURSO EN EL RECINTO - SESIÓN ESPECIAL 21 DE ABRIL DE 2010

Reglamentación de los DNUs

Señor presidente: el diputado preopinante finalizó hablando de la Constitución Nacional. Justamente la tengo en mi banca, y el artículo 75 inciso 7 de la misma, referido a las atribuciones del Congreso, dice así: “Corresponde al Congreso: … Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.” Al respecto quisiera que me dijera alguien si el Congreso ha sido el que en estos últimos años se ha ocupado de la deuda o si sistemáticamente, con resultados que no hace falta mencionar, se ha ocupado el Poder Ejecutivo.
Me gustaría también referirme a un par de ideas que se divulgan con mucha superficialidad. La primera es la de la indiferencia popular frente a las cuestiones reglamentarias, y la otra la acusación de que esta Cámara no trata los problemas de la gente. Lo cierto es que el mandato de los ciudadanos argentinos el 28 de junio de 2009 fue muy claro: “Paren los atropellos y la ruptura del orden institucional. Hagan que se respeten las instituciones.” Y aquí estamos para cumplirlo.
La segunda idea que se divulga desde el oficialismo, también con superficialidad, es que las cuestiones de forma impiden tratar el fondo de las cuestiones. En el caso del Fondo de Desendeudamiento, o del Bicentenario, que es el mismo, sostienen que lo decisivo es qué se hace con las reservas, mientras que es indiferente la forma en que se tomaba la decisión.
Mire, señor Presidente. A la Argentina no la ha fundido, no la funde, ni la va a fundir una decisión errada sobre unos miles de millones de dólares. A la Argentina la fundió, la funde y la va a seguir fundiendo vivir sin ley y sin Estado de derecho. A la Argentina la funde vivir sin moneda, en un contexto de permanente inflación que se lleva los salarios y las jubilaciones. A la Argentina la va a fundir tener un Banco Central al que pretenden convertir otra vez en la cajita feliz del gobierno de turno. A la Argentina la funde y la va a seguir fundiendo vivir con gobernadores rehenes del Poder Ejecutivo, con jueces rehenes del Consejo de la Magistratura y en un estado de excepción permanente donde la única regla vigente es la de la violación de todas las reglas.
Por eso, la cuestión de fondo es si vamos a vivir en un régimen presidencial-republicano o en una monarquía, en un híper presidencialismo, o en una monarquía plebiscitaria. Lo central es si vivimos en una república de iguales o si la presidenta está por encima de la ley y puede desconocer los fallos de la justicia, y meter al Congreso en el freezer a fuerza de DNUs, vetos y negativas a dar el quorum.
El verdadero punto de la cuestión es que al kircherismo le molesta el Congreso. Preferiría que no existiese. Cómo se explica, si no, que durante cuatro años, teniendo mayoría en ambas Cámaras, en materia de dictado de decretos de necesidad y urgencia superaran la marca de su antiguo amigo y actual protector Carlos Menem. ¿Qué sentido tiene batir el récord de dictado de decretos de necesidad y urgencia cuando se tiene mayoría en ambas Cámaras, que no sea el de expresar públicamente el desprecio al Congreso, que es desprecio a los representantes del pueblo de la Nación?
Si cuando tienen mayoría convierten el Congreso en una escribanía y cuando la pierden hay que votar con ellos porque si no uno pone palos en la rueda, entonces tienen que decir para qué está el Congreso. Si siempre tenemos que hacer lo que dice el Poder Ejecutivo, ¿para qué estamos acá? Devolvamos las dietas, que se vayan a su casa nuestros asesores, y por lo menos el pueblo se ahorrará un poco de dinero.
El Congreso tiene derecho a no estar de acuerdo con el Poder Ejecutivo y a imponer su opinión en las leyes que sanciona. Según lo que dispone el artículo 75 de la Constitución, el Congreso tiene derecho, por ejemplo, a arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, facultad que se le ha quitado por medio de decretos de necesidad y urgencia y delegación de facultades extraordinarias y superpoderes.
Señor presidente, este es un régimen presidencialista pero también republicano y constitucional, y el golpismo destituyente no es sólo contra el Poder Ejecutivo. En un régimen republicano, el golpismo destituyente puede ser también contra el Congreso, en el que están representados los ciudadanos de la Nación. Y el mecanismo de los DNU que queremos derogar es el que ha utilizado preferentemente el Poder Ejecutivo para apropiarse de sus facultades.
Este gobierno ha abusado más que los anteriores de los decretos de necesidad y urgencia, pero le voy a dar la razón al oficialismo cuando señala que estos males tienen una larga historia. En realidad, lo que no comprendo es cuál es el sentido de la palabra “memoria” para el oficialismo. Yo creía y aún creo que la memoria sirve para ver los errores del pasado y no volverlos a cometer, y hoy me causa cierta indignación escuchar del oficialismo que la memoria significa recordar los errores del pasado para justificar los horrores del presente. Me parece que ese no es el significado de la palabra “memoria”.
Cambiar el régimen de aprobación de los DNUs implica un compromiso de toda la Cámara, porque en 2011 puede gobernar el país cualquiera de estos bloques. Este es un compromiso para todas las bancadas de la oposición que promueven la sanción de una nueva reglamentación de los DNU. Pero quiero cerrar señalando dos cosas. En primer lugar, los DNU conforman un tríptico de excrecencias del poder monárquico en medio de un régimen republicano que violan la división de poderes. Por eso, si bien ahora vamos a ir por una reglamentación estricta de los DNUs que respete el contenido fijado por la Constitución, en el futuro existe una tarea pendiente para que este Congreso o una Asamblea Constituyente deroguen la capacidad de indulto, ya que es violatoria de las potestades del Poder Judicial. Y también habría que derogar el veto presidencial, que es violatorio de las potestades del Parlamento.
Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer defendiendo la Constitución Argentina y la Declaración de Principios de la Coalición Cívica, que se suscribió cuando nuestra coalición se formó, en el año 2007. Fue parte de nuestra campaña presidencial de 2007, y voy a leer exactamente lo que dice al respecto: “En el campo institucional nacional, la Coalición Cívica se pronuncia por un verdadero federalismo fundado en un régimen de coparticipación equitativo que acabe con el chantaje y la cooptación de gobernadores provinciales, por la restitución al Parlamento y a la Justicia de su dignidad e independencia avasalladas, por una reforma política y del sistema de financiación de los partidos que impida la eterna reproducción del viejo orden político, por una reforma fiscal que acabe con la concentración de la renta y por la devolución de los poderes sustraídos al Parlamento y el fin del hiper-presidencialismo.”
Esto es lo que prometimos, esto es lo que votó la gente el 28 de junio, y esto es lo que vamos a hacer. Gracias señor presidente.