LA LEY DE MEDIOS ES PÉSIMA
Entre las muchas voces ponciopilatistas que "critican" al Gobierno se está abriendo paso otra forma de justificación del atropello: la idea de que "La ley de medios es buena, pero el kirchnerismo la aplicó mal".
Es muy difícil discutir una ley de más de 160 artículos en TV, por lo que presento de nuevo aquí las objeciones que hice en el debate de la Cámara de Diputados en 2009, y que cierra con un encuadre político de la situación que me parece de gran actualidad.
DISCURSO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
".... hemos objetado las atribuciones, las competencias abusivas de la
Autoridad de Aplicación que fija esta ley para establecer una mordaza contra la
libertad de prensa, tan similar a la espada de Damocles del Consejo de la
Magistratura que tiene amenazados y maniatados a los jueces argentinos para que
otorguen impunidad al Poder.
Y voy a los puntos específicos del proyecto de ley. Considero
vergonzoso que la autoridad de aplicación siga teniendo mayoría oficialista. Ya
era bastante malo cuando podía elegir el sesenta por ciento -tres de cinco- y
ahora es peor porque serán cinco de siete, lo cual es el 71 por ciento. Y es
vergonzoso también que la autoridad de aplicación aún esté en el ámbito del
Poder Ejecutivo Nacional, que dependa del Poder Ejecutivo Nacional. Lo es
porque la libertad de expresión es la libertad de criticar al Poder, y no se
puede criticar al Poder si éste tiene los medios para taparnos la boca, para amordazar
dando de baja una licencia.
Voy a las funciones de la
autoridad de aplicación, fijadas por el artículo 12. Una es la de “elaborar y
actualizar las normas técnicas que regulan la actividad”. Esto se los digo a
quienes afirman que es un gran avance que hayan quitado la revisión bianual. Por
el artículo 12 tenemos una revisión que puede ser bisemanal o cada dos horas,
porque esta autoridad de aplicación, en el ámbito del Poder Ejecutivo y con
mayoría oficialista, puede elaborar y actualizar las normas técnicas que
regulan la actividad cuando quiera.
Otra facultad es la de “otorgar
la correspondiente habilitación y aprobar el inicio de las transmisiones”. O
sea que sin permiso del Poder Ejecutivo Nacional nadie puede siquiera ni
empezar a funcionar.
Otra es la de “sustanciar
procedimientos para los concursos y adjudicación directa”. Voy a tocar este
punto más adelante. Paso a la facultad de ”declarar la caducidad de las
licencias, permisos y autorizaciones”. O sea que si no le gusta lo que apareció
o lo que se dijo en un canal, el Poder Ejecutivo, a través de sus mandaderos,
puede declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones.
Asimismo la autoridad de
aplicación se adjudica la atribución de “aplicar las sanciones correspondientes
por incumplimiento de la presente ley”, sin que estén especificados los
aspectos más elementales que fijan el Código Civil y la Constitución Nacional :
el derecho a la defensa y la proporcionalidad entre las faltas y las sanciones.
Nada de esto está contemplado y este es otro artículo que hace inconstitucional
la presente ley.
Otra atribución: “Declarar
la ilegalidad de las estaciones y emisiones”. Me pregunto: ¿Esta es la ley de
la democracia?
En cuanto a “modificar los parámetros
técnicos” y “habilitar al personal técnico y de locución”, ello quiere decir
que los trabajadores, que se habían ilusionado con que ahora les darían trabajo
y que se encontrarán con la novedad de que la pauta publicitaria oficial se la
llevó el señor Julio Grondona, van a tener que pedir un “carnetcito” al Poder
Ejecutivo Nacional para que los habilite como personal técnico o de locución.
Saludamos el hecho de que se haya dado
un paso atrás con el tema de las telefónicas, que fuera planteado por nuestro
bloque, pero decimos que, además, los proveedores del Estado no deben poseer
licencias por las mismas razones que las telefónicas: porque si este Estado,
que funciona como funciona, discrecionalmente, deja de pagar a los proveedores,
éstos se funden. ¿Qué calidad e independencia de información puede ofrecer un
proveedor del Estado que depende del Estado para hacer negocios y para que le
paguen por el trabajo que ya hizo? Y voy a dar un ejemplo concreto, para no
hablar en abstracto. El ejemplo se llama Electroingeniería, Radio del Plata y
Nelson Castro, quien fue expulsado de su trabajo por haberle hecho un reportaje
a un miembro de nuestro bloque, el diputado Morán, que denunciaba los favores que
el Ejecutivo hacía permanentemente a la empresa Electroingeniería.
Por otra parte, estamos en contra del
artículo 98, en el que se hace otra vergonzosa delegación de facultades
fiscales de este Parlamento hacia un organismo controlado desde el Poder Ejecutivo.
Dicho artículo dispone que la autoridad de aplicación “está habilitada para
disponer exenciones y reducciones de gravámenes”. Esto es una atribución fiscal
que es responsabilidad del Parlamento argentino y no del Poder Ejecutivo. Es
decir que seguimos con las facultades delegadas, con los superpoderes, con los
decretos de necesidad y urgencia y ahora, en esta supuesta ley de la
democracia, seguimos haciendo lo que la Constitución define como “infame traición a la
patria”.
Señor presidente: esta norma es
inconstitucional, ya que por lo menos viola dos artículos de la Constitución. Uno
de ellos es el que dice que el Congreso no dictará leyes que restrinjan la
libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Cabe
aclarar que cuando se redactó la Constitución se hablaba de libertad de imprenta
porque no existían los medios de radiodifusión ni los audiovisuales, pero está
claro que ello se aplica también para la libertad de prensa. No puede haber
restricción de la libertad de prensa ni jurisdicción federal sobre la libertad
de prensa, como la que fija esta ley en los artículos que acabo de mencionar y
que violan la Constitución.
Y esta norma también viola la
Constitución porque esta última establece que el pueblo no delibera ni gobierna
sino a través de sus representantes. Cuando una ley se elabora durante seis
meses en foros que no tienen ninguna elegibilidad ni legitimidad democrática,
con gente que no ha sido elegida por los ciudadanos, y se discute apenas seis
horas en la Cámara
de Diputados –donde estamos los que realmente representamos al pueblo de la Nación-, en el plenario
de las tres comisiones a las que fue girado el proyecto, no se está sancionando
una ley sobre la deliberación de los representantes del pueblo, como fija la Constitución , sino
sobre los caprichos, atribuciones e intereses de los invitados a los foros del
licenciado Mariotto.
Esta
norma, además de ser una mordaza, establece un monopolio de tres grandes
sectores. Uno de ellos es el de los “prestadores de gestión estatal”, es
decir,los medios públicos que hoy funcionan vergonzosamente como agencias de
publicidad del gobierno –Canal 7, Radio Nacional y agencia TELAM-, y que de
ninguna manera reflejan la pluralidad de opiniones de la sociedad argentina
sino que son desembozadas agencias de publicidad oficial.
Otro es el del “sector privado con
fines de lucro”. En este sentido, el escandaloso artículo 32 –mucho más
escandaloso aún que la autoridad de aplicación- prevé la adjudicación de las principales
emisoras de radiodifusión abierta “por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Es
decir que las radios y las emitentes televisivas con las que se informa la
mayoría de los argentinos, sobre todo los más vulnerables que no pueden pagar el
cable, van a depender no solamente de la autoridad de aplicación sino además de
que el Poder Ejecutivo Nacional decida si pueden o no transmitir y quién
transmite en esa frecuencia, convirtiendo a esos ciudadanos sin acceso al cable
en ciudadanos de segunda categoría, sometidos a una información controlada por
el Gobierno en nombre del Estado.
Y la tercera pata de este gran monopolio
gubernamental son las entidades “sin fines de lucro”. En esta norma no hay
ningún mecanismo que establezca cómo se van a habilitar las licencias, a
quiénes se les van a dar y a quiénes no. Por lo tanto, ya sabemos a quiénes les
van a dar las licencias: a radio Moyano y a TV D’Elía, y a ninguno de los
opositores. Todos los que hoy apoyan esta ley con la ilusión de que su ONG va a
tener posibilidad de expresarse y que muy probablemente no podrán financiarse autónomamente
van a depender además de la pauta publicitaria oficial, que ‑como fue fácil comprobar
en estos últimos años‑ se usa como método de sanción y de castigo para las
voces críticas y de soborno para las voces obsecuentes de este gobierno.
No quiero terminar mi exposición sin
encuadrar esta norma en la situación política en la que estamos, por la
gravedad extraordinaria que tiene. Asistimos a la destrucción del Estado en
nombre de la revitalización de su rol. Ya las patotas de Moreno se cargaron el
INDEC, que es un organismo fundamental. Un Estado que funciona sin un instituto
de estadísticas confiable es como un avión que vuela sin instrumentos. Ahora se
acaban de cargar a la AFIP.
Me pregunto si un juez de la República que reciba una
denuncia de la AFIP
por evasión impositiva va a pensar que ella proviene de una agencia autónoma
del Estado que intenta cumplir su deber o si es simplemente una revancha de
este Gobierno contra sus socios o contra quienes le molestan por sus opiniones
o acciones.
Destruyen el Estado cuando destruyen
el INDEC; destruyen el Estado cuando destruyen la AFIP y la transforman en una
fuerza de choque en función de los intereses del kirchnerismo, y lo hacen en
nombre del Estado. Después de gastar las palabras “progresismo”,
“centroizquierda” y “derechos humanos”, ahora también “rol del Estado” es otra
expresión gastada, usurpada y tratada como un trapo de piso por el kirchnerismo.
La situación política en la que esta
ley se instala es fácil de describir en términos de destrucción de la
democracia desde dentro de la democracia. Tenemos un Poder Ejecutivo donde los
ministros que se oponen a la corrupción son expulsados mientras los bocones y
obsecuentes son mantenidos en sus puestos. En tanto, pasaron ya seis años sin
una sola reunión de ministros. Un Poder
Ejecutivo Nacional que –como se ha dicho insistentemente en este recinto sin
que ningún fiscal de la
República se entere‑ es ejercido por el doctor Néstor
Kirchner y no por quien debería, que es la Presidente de la Nación elegida por los
ciudadanos argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Lo he denunciado yo mismo
penalmente y todavía no hay un juez para esa causa, y no lo hay porque el
Consejo de la
Magistratura vigila.
Tenemos un Parlamento vaciado que
firma leyes como una escribanía, que considera en diez horas una ley de
semejante magnitud, con más de ciento sesenta artículos y doscientas quince
modificaciones hechas en pocas horas. Es un Parlamento vaciado que además
cometió el escándalo de sancionar leyes con un apresuramiento similar vetadas después
por la Presidente de la Nación ,
mientras el presidente de la comisión correspondiente aceptaba que había
firmado la ley sin leerla. Volvemos hoy a las andadas porque se trata de un
Parlamento vaciado en el que aún cuando el oficialismo y la oposición se ponen
de acuerdo para sancionar leyes como la de glaciares o la de emergencia
agropecuaria, la Presidente las veta, con lo que anuncia lo que hará después
del 10 de diciembre: veto para las leyes del Parlamento y decretos de necesidad
y urgencia para todo lo que necesiten los Kirchner.
Además, tenemos un Poder Judicial
vaciado y controlado desde el Consejo de la Magistratura. Una
libertad sindical que consiste en que el señor Zanola está ahí desde hace
veinticinco años sin que nadie le diga nada, mientras que los afiliados
bancarios se mueren porque les dan píldoras truchas; un sindicalismo trucho y
una libertad de expresión que quieren cargarse hoy los Kirchner a través de
esta ley. Y tenemos un Parlamento, una oposición, un oficialismo y un
periodismo argentinos que, según declaraciones de alguien inobjetable –porque
de todo esto Alberto Fernández sabe mucho‑, saben que hay escuchas telefónicas
en todos sus teléfonos: en el suyo, señora presidenta, en el mío, en los del
oficialismo y en los de la oposición. Salúdelo, señora presidenta. Ya que
seguramente la está escuchando el ministro Aníbal Fernández; mándele saludos de
mi parte.
Este es
el país en el que vivimos, con un Poder Ejecutivo, un Parlamento, un Poder
Judicial, una libertad sindical y un sistema de garantías institucionales para
ejercer los deberes del periodismo, del oficialismo y de la oposición
vergonzosos: la destrucción de la democracia con la excusa de la democracia."
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